Pluma Patriótica

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Una SCJN a favor de las mujeres

Recientemente, el máximo tribunal de México resolvió asuntos profundamente relevantes para quienes nos dedicamos al estudio y práctica del Derecho, pero —sobre todo— para la vida de millones de mujeres mexicanas que se encuentran procesadas y sentenciadas por las legislaciones estatales que consideran un delito la interrupción del embarazo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir —en la última semana— tres resoluciones históricas en materia de derechos reproductivos y sexuales, al declarar la inconstitucionalidad de distintas leyes que penalizan el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo cuando deciden practicarse un aborto, al tiempo que las y los ministros invalidaron el fundamento jurídico que impide el derecho al acceso a la salud cuando el personal médico apela a la denominada “objeción de conciencia” y que, en caso de próximamente ser despenalizado el aborto en todo el país, sería el último obstáculo para las mujeres que lleguen desangrándose al hospital al verse rechazadas por consideraciones de tipo confesional de parte del personal de salud.

Estos fallos judiciales beneficiarán a todas aquellas mujeres que decidan interrumpir la gestación pues ponen su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad por encima de cualquier consideración moral y como la piedra angular de la autonomía que guardan sobre su propio cuerpo.

Para dimensionar la enorme batalla que se ha librado en el campo jurídico (y la enorme victoria que representan estos fallos), cuando se coloca en disputa la regulación de la sexualidad y la reproducción, —entre liberales y conservadores—, es preciso recordar que, cuando se despenalizó el aborto en el entonces Distrito Federal, la Procuraduría General de la República de Felipe Calderón y José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impugnaron la reforma ante la SCJN. ¿Su argumento central? Que violaba un derecho fundamental a la vida del producto de la concepción y los derechos a la igualdad y el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos de los hombres, empujando así a la cosificación de las mujeres como meras reproductoras al servicio del varón.

Cuando la SCJN confirmó la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, durante los meses siguientes —y con el fin de seguir criminalizando a las mujeres—, 17 de 32 entidades federativas reformaron sus Constituciones para proteger el derecho a la vida «desde el momento de la concepción».

Sin embargo, las resoluciones sobre los códigos penales de Coahuila y Sinaloa, que declararon la inconstitucionalidad de las leyes que tienen como sanción la prisión para las mujeres que decidan sobre sí mismas, tendrá como efecto la obligatoriedad de que los congresos locales reformen sus legislaciones acorde a estas decisiones judiciales. Asimismo, se imprime una mayor presión al Congreso General y el dictamen que se discute en las Comisiones Unidas de Salud, Igualdad de Género y Estudios Legislativos en el Senado de la República.

Nunca más una mujer prisionera de su cuerpo y de las leyes de este país por decidir sobre sí misma.

 

 

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