junio 12, 2021

Pluma Patriótica

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martes, 28 enero, 2020

Popularizar el derecho a la salud

Los derechos económicos y sociales requieren para su ejercicio que los gobiernos lleven a cabo acciones positivas, muchas veces mediante la provisión directa de bienes y servicios. Para tal fin necesitan recursos públicos y humanos, los cuales pueden ser variables en el tiempo y espacio. Este tipo de derechos generalmente tienen tres dimensiones básicas: disponibilidad, accesibilidad y calidad. En el caso del derecho a la salud, se requiere que haya centros de salud o consultorios con personal especializado, así como equipamiento y medicinas disponibles como condición necesaria para su ejercicio. Sin embargo, si las clínicas y hospitales se encuentran concentrados en zonas urbanas, el acceso para quienes habitan en zonas rurales se ve menguado. Si la calidad de los servicios es variable, dependiendo del sistema de salud al cual uno se encuentre afiliado, el goce pleno del derecho tampoco se ve satisfecho, creándose así ciudadanos de primera y de segunda.

El derecho a la protección de la salud está vigente en nuestro país desde 1983, aunque en los hechos sólo se materializó para los trabajadores formales y sus dependientes económicos que estuvieran incorporados al IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Pemex o servicios médicos privados. Los desempleados, trabajadores informales y autoempleados que no pudieran costearse un seguro médico privado o la afiliación al IMSS, así como sus dependientes económicos, eran atendidos de manera asistencial, y no como un derecho, por parte de la Secretaría de Salud, los servicios de las entidades federativas de salud, institutos nacionales de salud y el Programa IMSS-Coplamar. Debido a la escasa capacidad de generación de empleos formales durante el periodo neoliberal, más de la mitad de la población era atendida de forma asistencial. Por tal motivo, se creó el Sistema de Protección Social en Salud, para que a partir de 2004 quienes no tuvieran una afiliación formal a un seguro médico tuvieran acceso a este derecho.

Sin embargo, el Seguro Popular tenía grados menores de disponibilidad, accesibilidad y calidad que la atención ofrecida por los otros sistemas de aseguramiento público. Este seguro no cubría algunas enfermedades crónicas, por lo que, en el caso de que alguno de sus afiliados la padeciera, tendría que desembolsar los recursos de sus ingresos, lo cual atentaría contra la accesibilidad económica y la calidad del derecho a la salud.

Aunque el Seguro Popular fue un avance paliativo que contribuyó a reducir gastos catastróficos, con el propósito de no tener ciudadanos de primera y de segunda que vean limitado el ejercicio de su derecho a la salud en alguna de sus dimensiones, es necesario que contemos con un sistema de salud público unificado y universal, independientemente de la condición laboral del o los proveedores del hogar. Estos sistemas ya existen en otros países, principalmente en Europa, pero también en América Latina, como en Argentina. Es hora de voltear a ver a estos países para conocer y adaptar sus mejores prácticas, en vez de observar a los países de tradición neoliberal, cuyos sistemas de salud son fragmentados, excluyentes, poco efectivos e ineficientes, como Estados Unidos y Chile.

 

Víctor Arámburu. Doctor en política pública por el CIDE y maestro en política social y desarrollo por la Escuela de Economía de Londres (LSE). Ha trabajado en el diseño, operación y evaluación de políticas públicas en diversos sectores, particularmente en temas de desarrollo económico y social, así como de fiscalización y combate a la corrupción.

@varamburucano

 

Otros textos del autor:

-Pigmentocracia y el mito echaleganista de la contrarrevolución neoliberal

-La mejor política industrial es la que SÍ existe

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