En semanas recientes se hicieron fuertes críticas a Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas insignia de la administración del presidente López Obrador. Si bien algunas de estas críticas fueron hechas a partir de investigaciones con poco rigor metodológico —como el haber declarado la inexistencia de los centros de trabajo por no haber aparecido en fuentes electrónicas y registros de cámaras empresariales—, otras son válidas para mejorar su implementación. Cabe destacar que varios de estos errores en la investigación se hubiesen podido evitar si los investigadores hubiesen hecho valer su derecho a la información por medio de una solicitud al Inai, órgano constitucionalmente autónomo al que tanto defienden. No obstante, más allá de la intencionalidad política de sus detractores, algunas de estas críticas pueden resultar útiles para mejorar su operación, especialmente las que se refieren a la presencia de controles como la transparencia en la publicidad del padrón de becarios y centros de trabajo, aunque sin comprometer sus datos personales. Otra área de oportunidad para el programa está en la certificación, de tal forma que ésta provenga de un organismo externo y especializado, como el Conocer, para que los jóvenes puedan acreditar sus competencias con un documento válido y reconocido en todo el país.
Según un pseudoexperto neoliberal “[e]s falso creer que proveemos oportunidades para nuestros jóvenes en América Latina a través de pasantías o cursos cortos de formación para el trabajo, cuando el verdadero reto es garantizar que todos obtengan habilidades fundamentales (comprensión lectora y matemáticas)”, como si se tratase de una disyuntiva. Si esta afirmación fuese cierta, bastaría un examen de lectura y matemáticas para conseguir un trabajo y las empresas no solicitarían experiencia laboral en el área. La opción política sería volver a meter a estos jóvenes a la escuela, opción que muchas veces no es factible ni la más adecuada par a adquirir competencias. Quienes tenemos sentido común sabemos que se aprende mucho afuera del aula y el trabajo no es la excepción. De acuerdo con la OCDE (2018), los programas activos en el mercado laboral buscan “apoyar el funcionamiento eficiente del mercado laboral al incrementar la empleabilidad y motivación de quienes buscan trabajo y expandir sus oportunidades de ingreso”. Estos programas incluyen a las bolsas de trabajo, servicios de colocación, incentivos a la contratación y a la apertura de empresas, así como los programas de capacitación. Es dentro de estos últimos que Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra.
Según sus lineamientos (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2019), su finalidad es “brindar oportunidades de capacitación en el trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian”. Los servicios que entrega este programa son la capacitación en sí para que los jóvenes adquieran competencias técnicas y blandas; una beca mensual de 3 mil 600 pesos mensuales hasta por un año; un seguro médico proporcionado por el IMSS, y la certificación de la capacitación. Este programa resulta novedoso porque, de acuerdo con la propia OCDE (2018: 139), México es, de sus miembros, el país que invertía la menor cantidad de recursos en este tipo de proyectos. Ni siquiera un 0.02 por ciento del PIB. En cambio, países como Dinamarca, Finlandia y Austria gastan más del 0.4 por ciento del PIB en programas de capacitación en el trabajo. La evidencia muestra que los programas de capacitación tienen un impacto a largo plazo en el empleo y en el ingreso de sus participantes “siempre que guarden correspondencia con las necesidades del mercado laboral y de los empleadores” (OCDE, 2018: 139-140). De hecho, existe evidencia de que estos programas son especialmente útiles cuando el desempleo es alto. En el caso de México, el porcentaje de jóvenes que no se encontraban empleados o en un programa educativo o de capacitación fue de 18.43 por ciento en 2018 (Banco Mundial, 2018), cifra muy superior al 6.96 por ciento que tiene un país como Dinamarca.
Referencia:
OCDE (2018) Education at a Glance 2018. OECD Indicators, Paris: OECD, disponible aquí
Víctor Arámburu. Doctor en política pública por el CIDE y maestro en política social y desarrollo por la Escuela de Economía de Londres (LSE). Ha trabajado en el diseño, operación y evaluación de políticas públicas en diversos sectores, particularmente en temas de desarrollo económico y social, así como de fiscalización y combate a la corrupción.
@varamburucano
Otros textos del autor:
-Popularizar el derecho a la salud
-Pigmentocracia y el mito echaleganista de la contrarrevolución neoliberal
