Las mujeres que habitamos la ciudad de manera cotidiana hemos padecido agresiones que van del hostigamiento, acoso callejero, racismo, sexismo, hasta la reciente agresión a Zoe, chica trans que se debate entre la vida y la muerte.
Zoe estaba afuera de su hotel donde vive, cuando se le acercaron dos hombres en una moto y le rociaron ácido en la cara que invadió algunas partes de su cuerpo. La trasladaron a un hospital particular y le negaron la atención, lo cual no sólo violentó sus derechos, sino que puso en riesgo su vida todavía más, que agravó su estado.
En México, Zoe y veinte mujeres más han sido atacadas con ácido. En 2018 fueron siente y el año pasado tres. Estos ataques con ácido, además de ser una expresión de violencia, son acciones planeadas para destruir a las mujeres. En sentido estricto, son crímenes de odio y violencia feminicida. Además, todas han padecido la discriminación y la revictimización no solo del sistema de salud público y privado, sino del sistema de justicia, porque en casi las dos terceras partes, las víctimas siguen sin justicia ni reparación del daño a sus cuerpos y sobre todo a sus vidas.
Que en Guadalajara suceda esto, nos pone en una situación delicada y se convierte en un problema de fondo. Porque se comercializan dichos materiales que no está reglamentada su venta, por lo nos obliga a establecer mecanismos de identidad para quien compre o haga uso de dichos materiales corrosivos, porque de no ser así, dichos ataques pueden suceder en cualquier momento.
Tenemos que hacer conciencia que la discriminación afecta la vida social en las ciudades y de nuestro país. Y Zoe no es ni puede ser un caso aislado, ya que forma parte del 76.52% de las mujeres trans que alguna vez en su vida han recibido discriminación por causa de su identidad de género. Las violencias terminan con las vidas de mujeres y mujeres trans, al respecto, la Universidad de Cornell y el Centro de Ley Transgénero (2016) muestra que los asesinatos por transfobia han aumentado 10 veces en los últimos 6 años en el mundo. Y las cifras no son alentadoras en México, porque es el segundo país de América Latina donde hay más asesinatos contra personas trans, solamente después de Brasil. Los transfeminicidios son el resultado de estructuras económicas y culturales que estigmatizan, precarizan y marginan a grupos concretos de la sociedad y además, reflejan varios tipos de violencias: la violencia misógina; la violencia contra las personas LGBTTTI, que se manifiesta diariamente en discriminación en espacios laborales, sociales y estatales, que se reproduce con iniciativas y discursos de odio como los provenientes del Frente Nacional por la Familia; y la violencia que representa la impunidad, la corrupción, la falta de justicia, el rezago de efectividad en los procesos judiciales y burocráticos del país.
En Jalisco y Guadalajara existe una población gay y trans muy importante, lo que nos obliga a fomentar una cultura de inclusión; coordinar acciones y estrategias para denunciar la discriminación que viven homosexuales, bisexuales y transexuales y avanzar en el respeto a todos los derechos.
En marzo recién pasado, se elaboró un mural en las calles de Huixquilucan, Estado de México que mostraba los rostros de las mujeres atacadas con ácido, rostros que definieron como de digna rabia y anotaron la frase: “Las mujeres atacadas con ácido en México, existimos, resistimos y sobrevivimos a este estado feminicida a pesar del machismo y la impunidad”.
¡Ni una más!
