Hace quince días tuve la fortuna de compartir una clase con el alumnado de la UAM Xochimilco. Entre preguntas agudas y reflexiones colectivas, una conversación se quedó conmigo: ¿qué se puede hacer frente a la gentrificación? ¿Es posible detenerla? ¿Cómo lograrlo sin transgredir derechos de propiedad privada ni ahuyentar la inversión, y sin desplazar a otras poblaciones vulnerables? Este texto nace de esa pregunta difícil, formulada con honestidad y compromiso por jóvenes que no solo estudian la ciudad, sino que ya piensan cómo transformarla.
Las movilizaciones en la Ciudad de México, en rechazo a la gentrificación, confirman que la vivienda ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en una causa social. En zonas como Santa Úrsula Xitla, Fuentes Brotantes, La Condesa o el Centro Histórico, cientos de personas alzaron la voz frente a una política urbana que ha favorecido la especulación inmobiliaria por encima del derecho a habitar dignamente la ciudad. Las protestas, en su mayoría pacíficas, expresaron una inconformidad legítima que debe ser escuchada. Algunos hechos aislados de acción directa, como los daños ocasionados en espacios culturales dentro de Ciudad Universitaria el domingo 20 de julio, no representan la integridad ni el sentido amplio de la agenda por el derecho a la ciudad. Lo central sigue siendo el reclamo claro y masivo: vivienda para vivir, no para invertir y especular.
La gentrificación no es solo el resultado del mercado; es también el síntoma de una arquitectura fiscal que favorece a quienes lucran con el suelo, los inmuebles y el despojo territorial. Hoy en día, los grandes desarrolladores, fondos de inversión y plataformas digitales operan con mínima regulación y escasa carga tributaria. No existe un impuesto efectivo a la vivienda ociosa, la plusvalía urbana generada por inversión pública no se recupera adecuadamente, y los ingresos por rentas temporales escapan con frecuencia al radar del fisco. Mientras tanto, a millones de personas trabajadoras se les retiene el ISR de manera automática, sin que el Estado logre traducir esa recaudación en una garantía efectiva de su derecho a la vivienda.
Por eso no basta con indignarse, es necesario transformar las reglas del juego. La política fiscal es una herramienta para redistribuir el poder en la ciudad. No puede haber justicia territorial sin justicia fiscal.
En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México ha dado un paso importante con la publicación del Bando por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local (Bando 1), que establece un conjunto de medidas orientadas a limitar el alza de rentas, regular el alquiler temporal, fortalecer la vivienda pública y proteger a los inquilinos frente a los abusos del mercado. La creación de una Defensoría Inquilinaria, el diseño de un índice de precios razonables por zona, la promoción de rentas sociales y la participación comunitaria en el diseño urbano son parte de una hoja de ruta que reconoce el problema y comienza a atacarlo. Pero no es suficiente.
El desafío es estructural y requiere una reforma fiscal progresiva a nivel nacional. Una reforma que grave de forma justa la especulación inmobiliaria, que permita fiscalizar con eficacia las rentas turísticas y que recupere recursos públicos para financiar vivienda digna. Una reforma que incluya mecanismos efectivos para redistribuir el ingreso y ampliar la inversión social en vivienda, no como mercancía, sino como derecho.
¿Es posible hacerlo sin vulnerar derechos fundamentales ni ahuyentar inversiones? Sí, si se hace con inteligencia fiscal, legalidad, participación ciudadana y voluntad política. Se trata de garantizar reglas claras, eliminar privilegios indebidos y recuperar para el interés público aquello que hoy es capturado por intereses privados. No se trata de eliminar la inversión, sino de orientarla hacia un modelo de ciudad más justo, donde los beneficios urbanos no se concentren en unos cuantos.
Una posible ruta para ello comienza con una revisión integral del sistema de impuestos a la propiedad y al ingreso por renta, acompañada de una armonización legal que permita incorporar criterios de progresividad y capacidad contributiva, y cerrar las puertas a los vacíos que hoy aprovechan quienes concentran el suelo urbano. El poder legislativo tiene en sus manos una parte sustancial de este camino.
La protesta del domingo es también un llamado a ese debate de fondo. No se trata solo de contener la gentrificación en ciertos barrios, sino de recuperar la ciudad como un espacio común, construido por quienes la habitan y no por quienes la explotan como negocio. La reforma fiscal que necesitamos es aquella que permita sostener políticas públicas con perspectiva de derechos y que devuelva al Estado la capacidad de garantizar lo que hoy se reclama en las calles. La realidad se transforma cambiando las condiciones materiales.
