En tiempos donde la política suele medirse por lo que la ley permite y no por lo que la ética exige, la decisión de Morena de cerrar el paso a la reelección y al nepotismo rumbo a 2027 en el Estado de México marca un punto de inflexión que merece ser subrayado. No se trata solo de una determinación administrativa o estatutaria; es, ante todo, una definición política que busca colocar a la congruencia y a la voluntad popular por encima de los intereses personales.
Durante décadas, la vida pública mexicana fue capturada por prácticas que normalizaron la herencia del poder, la reelección disfrazada de continuidad y el uso de los cargos como patrimonio familiar. Aunque muchas de estas conductas encontraron cobijo en vacíos legales o interpretaciones convenientes de la norma, su efecto fue devastador: desconfianza ciudadana, debilitamiento institucional y una creciente distancia entre representantes y representados. Frente a ese pasado, la postura asumida por Morena en el Estado de México pretende enviar un mensaje claro: la transformación no puede quedarse en el discurso.
La decisión de ir más allá de lo que la ley estrictamente permite y optar por un criterio ético habla de un movimiento que entiende que la legitimidad no se agota en la legalidad. Al cancelar la reelección automática y cerrar la puerta al nepotismo, se rompe con la lógica de los privilegios y se reivindica una idea fundamental: el poder público no pertenece a individuos ni a familias, sino al pueblo que lo delega temporalmente.
En ese mismo sentido, mantener mecanismos como las encuestas y la insaculación para la definición de candidaturas no es un detalle menor. Estas herramientas, con todas sus áreas de mejora, buscan reducir la influencia de grupos de poder, de pactos cupulares y de intereses familiares que históricamente han distorsionado la competencia política. Apostar por ellas implica reconocer que la participación ciudadana y la equidad interna son pilares indispensables para sostener la credibilidad del movimiento.
El respaldo a esta postura, impulsada desde la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y asumida por Morena en el Estado de México, también plantea un desafío interno. Para quienes hoy gobiernan o aspiran a seguir haciéndolo, la decisión exige un ejercicio de responsabilidad y madurez política. Continuar en la vida pública ya no puede entenderse como un derecho adquirido, sino como una posibilidad que debe ganarse una y otra vez, poniendo por delante el proyecto colectivo y no las ambiciones individuales.
Este llamado a la disciplina interna es, quizá, uno de los aspectos más relevantes. Los movimientos que se dicen transformadores suelen enfrentar su mayor prueba cuando el poder se vuelve cotidiano. Cuidar la imagen, actuar con coherencia y sostener los principios cuando resultan incómodos es lo que diferencia a una fuerza política que busca cambiar las reglas del juego de otra que termina adaptándose a ellas.
En última instancia, la decisión de Morena de cerrar el paso a viejas prácticas envía una señal que trasciende al propio partido. En un contexto de escepticismo generalizado hacia la política, gestos como este contribuyen a reconstruir la confianza ciudadana, siempre y cuando se traduzcan en hechos consistentes y sostenidos en el tiempo. La Cuarta Transformación, si pretende consolidarse, necesita demostrarse no solo en las grandes reformas, sino también en las decisiones internas que reflejan honestidad, congruencia y compromiso real con el pueblo.
El reto está planteado. La ética ya fue puesta sobre la mesa. Ahora, la verdadera transformación dependerá de que estas definiciones se mantengan firmes cuando el costo político aparezca y las tentaciones regresen. Ahí, y no antes, se sabrá si el cambio va en serio.
