La paz en Colombia representa un freno para el proyecto de secesión de territorio colombiano y venezolano sobre el que Estados Unidos pretende montar la república del Zulia, como ya denunciaba Salvador de la Plaza en 1940. La paz también acarrea pérdidas millonarias para el negocio de las armas y las drogas y deja sin sustento al control total norteamericano del espacio aéreo, naval y terrestre de Colombia, así como la operación inmune de sus siete bases militares.
De lograrse la guerra, será un caldo de cultivo para que Colombia sufra otra mutilación territorial y Venezuela quede partida en tres países: la República del Zulia, Venezuela, y el territorio del Esequibo, hoy en disputa, será parte de la República Cooperativa de Guyana, contrario a lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. La república del Zulia dejará a Colombia sin salida al Mar Caribe, Venezuela no será más una barrera para transportar la droga a Estados Unidos por este mar ni la reserva más grande de petróleo del mundo ni la soberana de dos de las tres cuencas hidrográficas más importantes de Sudamérica.
La salida de Maduro, mediante la guerra en Colombia, implica la disolución de la República. Desde la proyectada república del Zulia, Estados Unidos podrá transportar vía marítima el petróleo venezolano a Texas en cinco días, mientras que desde el Estrecho de Ormuz demora 45. Sus arietes visibles son especímenes como Juan Guaidó, quienes fungen como oposición a Maduro mientras tienen responsabilidades de gobierno; ellos cederían el Esequibo a Guyana y seguirían actuando coordinadamente con el gobierno colombiano de Duque-Uribe, la oligarquía terrateniente, industrial y de las drogas que lo apoya, siempre bajo la hegemonía de Washington.
El plan está en marcha: el gobierno colombiano incumplió los Acuerdos de Paz de La Habana firmados en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el entonces presidente Juan Manuel Santos. Bajo el mandato Duque-Uribe se han asesinado a más de 600 líderes sociales, 200 excombatientes de las FARC-EP, numerosos candidatos a cargos públicos y el 80 por ciento del territorio colombiano no está bajo control del Estado nacional, tampoco se ha titularizado la tierra en favor de los campesinos, el narcoparamilitarismo sigue intacto y no se ha cumplido la amnistía para 400 exguerrilleros presos.
Esto ocasionó la división de las FARC-EP y el retorno a las armas de una de sus facciones, bajo el mando de Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes practicarán una estrategia exclusivamente defensiva, en alianza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta alianza pretende negociar la paz con un nuevo gobierno y conseguir la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, progresistas y democráticas, armadas y no armadas, de Colombia.
Sin embargo, el teatro mediático que se ha montado en los medios norteamericanos y de la Unión Europea acusa al gobierno de Venezuela de dirigir, proteger y fomentar al ELN y la facción de las FARC en armas para librar una guerra contra Colombia. Bajo este manto mediático, en el teatro de operaciones militares (real), las acciones intervencionistas e injerencistas de Estados Unidos escalan en Colombia y contra Venezuela: desde julio, la contrainteligencia venezolana ha descubierto 42 acciones destinadas a captar oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela (FAB) para deteriorar los sistemas venezolanos de defensa antiaérea, de radares y de misiles; además de corroborar los nexos de Juan Guaidó con el narcotráfico colombiano y descubrir diversas conspiraciones entre miembros de la oposición venezolana y elementos del gobierno de Colombia, para enviar, desde allí, grupos terroristas a Venezuela que ataquen blancos civiles, militares y servicios públicos, y crear falsos positivos para desatar un conflicto bélico entre los dos países.
En respuesta, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, con base en el artículo 323 de la Constitución, constituyó el Consejo de Defensa de la Nación, para atender la amenaza guerrerista. Este declaró una alerta naranja, y desplegará a las FAB a lo largo de la frontera con Colombia, quienes realizarán ejercicios militares hasta el próximo 28 de septiembre con el fin de preservar la paz y la soberanía de la nación bolivariana.
Yadir Pérez. Profesor de español y literatura, estudió letras hispánicas y la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM. Escribe donde lo dejen sobre temas de lengua, literatura, política y cultura, siempre con perspectiva latinoamericanista, caribeña y de clase.
@trejoyadir
Otros textos del autor:
-El incendio amazónico y las cortinas de humo
-OEA: última actualización de la doctrina Monroe
