La Fiscalía General de la República exhibió ante un juez federal la red de corrupción y protección política que habría sostenido al exgobernador César Duarte, acusado de lavado de dinero y de sobornar a la actual gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, para obtener beneficios judiciales, lo que llevó a imponerle prisión preventiva por riesgo de fuga; el caso marca un quiebre con años de impunidad, respalda la actuación del gobierno federal y envía un mensaje claro de que ningún cargo ni alianza política puede frenar la acción de la justicia.
FIN DE LOS PRIVILEGIOS EN EL PJ: PLAN DE AUSTERIDAD EN MARCHA
El Órgano de Administración Judicial aprobó por unanimidad el acuerdo de disciplina presupuestaria 2026, que establece una reducción del 10%
