El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo, con 82 votos a favor y 38 en contra, consolidando un marco legal que pone fin a los privilegios fiscales y a los vacíos legales que antes permitían a grandes corporaciones y a la oposición evadir la ley; mientras los grupos conservadores difunden narrativas falsas sobre supuestos riesgos a derechos adquiridos, la reforma garantiza juicios más ágiles, transparentes y efectivos, fortalece el acceso de colectivos, comunidades indígenas y organizaciones a la justicia, asegurando que el verdadero beneficiario sea el Pueblo y no intereses privados.

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