En el curso de la semana pasada, la sociedad de Sonora fue testigo de cómo el notariado sonorense, representado por la presidenta del Colegio de Notarios del Estado, otorgaba un certificado de constancia de la corrupción rampante y prevalente en la entidad.
Fue mediante un tuit publicado el 27 de este mes en curso que desde mi cuenta notifiqué este 28 de agosto: Iván Jaimes (consejero jurídico del gobierno de Sonora) y Darío Figueroa Navarro (exdelegado de la PGR en el estado) presentarían examen en la Dirección General de Notarías (este último ya lo había presentado dos semanas atrás) para obtener la patente de notario.
Por su cercanía a los círculos de poder, prácticamente representaban dos nuevas patentes en favor de dichos personajes, porque esa cercanía les garantizaba aprobar dichos exámenes. Esa información provocó que se generaran mesas de debate y entrevistas en conocidos medios informativos, mediante los cuales se exhibía un nefasto secreto a voces: que las notarías siempre han sido otorgadas como premio, prebenda o pago por algunos favores al gobernante en turno.
El jueves 29 de agosto, en una entrevista concedida por la licenciada Karina Gastélum como presidenta del Colegio de Notarios al periodista Juan Carlos Zúñiga en su espacio informativo, la entrevistada fue incapaz de responder a cuántas patentes de notario se habían entregado en el curso de la presente administración estatal, pregunta que incluso le fue formulada en cuatro diversas formas para efectos de evitar que algún legalismo le permitiera evadirla. Gastélum pretextó que no quería caer en la inexactitud de una cifra, ya que no contaba con los datos a la mano, sin embargo no tuvo ningún inconveniente en mencionar cifras aproximadas referentes a patentes otorgadas en otros sexenios. Fue tal la evidencia de su opacidad y su negativa a responder a esa sencilla pregunta, que prácticamente certificó la existencia de una situación muy turbia que necesita ser investigada.
Indagando mediante fuentes del propio Colegio de Notarios, pudimos acceder a la información que hoy nos demuestra el alto grado de corrupción, violaciones a la ley y distorsiones de procedimientos operados por la propia presidenta Gastélum y su consejo directivo, en contubernio con autoridades estatales: traspasaron aproximadamente 15 notarías públicas de notarios públicos titulares a sus hijos mediante mecanismos fraudulentos, al margen de la ley. Esto explica mucho de la gran degradación que hay en la actividad notarial, que resucita muertos, que vende folios, que altera testamentos, que levanta constancias falsas.
El procedimiento señalado se realizó de la siguiente forma: Quince notarios titulares presentaron sus renuncia en lo que va del sexenio, pero lo que debió significar la instauración de un procedimiento de convocatoria para llenar la vacante de esas renuncias se convirtió en una maniobra ilegal en la que, curiosa y extrañamente, al examen para obtener la patente de notario vacante sólo acudieron los hijos de los renunciantes. Una operación que atenta contra la ley de notariado, contra la constitución del Estado y contra le ley estatal de responsabilidades, y que tipifica sendas conductas criminales, pues esto se operó así a pesar de que existen más de 100 aspirantes a notario, según el dicho de la propia presidenta del Colegio. Esa maniobra ocurrió aproximadamente, como decíamos, en quince ocasiones, lo que demuestra que el servicio púbico de la fe notarial está corrompido, podrido y no responde ya a los requerimientos de la sociedad por las siguientes razones:
1.- Porque para maniobrar un procedimiento fraudulento así se requiere del concierto de complicidad criminal de la Dirección General del Notarias, de la Secretaría de Gobierno, de la Consejería Jurídica (cuyo titular ahora es beneficiado con una futura patente) ydel Colegio de Notarios.
2.- Porque la propia gobernadora del estado, la priista Claudia Pavlovich, que es la titular de la función notarial que delega en favor de profesionales del derecho, ha sido absolutamente omisa en atender estos signos de grave corrupción, lo que nos lleva a suponer que no solamente lo acepta sino que lo estimula y forma parte de su operación política.
3.- Porque, además de las graves denuncias que pesan contra la licenciada María Inés Aragón en relación con su gestión al frente de la Dirección General de Notarias, la operación fraudulenta de renuncia, convocatoria, examen de oposición y otorgamiento de patentes fue realizada materialmente por ella misma. Incluso la propia fuente del Colegio de Notarios que proporcionó la lista de notarías que realizaron los enroques de padres a hijos, señaló que la Dirección General de Notarias no contaba con los registros de los exámenes, de las calificaciones, de los nombramientos de sinodales ni de las actas de aprobación de las patentes involucradas en esa operación fraudulenta.
4.- Es evidente que el otorgamiento de una patente a una persona que no tiene el arraigo en el Estado (Iván Jaimes es de Oaxaca) y que es un personaje fundamental en esta operación fraudulenta, se debe al pago de favores de operación política, que garantizarían seguir disfrutando de grandes ingresos, como los que, se dice, obtiene de cooptar los contratos de prestación de servicios jurídicos en casi todas las dependencias del gobierno del Estado, y que por sí mismos son dignos de investigarse.
5.- Porque los notarios, aglutinados en un Colegio inservible para los fines que dispone la ley, no tiene voz, fuerza ni representación necesaria para evitar que estos fraudes a la ley, a la sociedad y a la propia función notarial ya no sucedan. Todo lo contrario, se realizan con dichos notarios como operadores, por lo que resulta una mentira que sean funcionarios de paz y de buena fe. Ello al margen de algunos notarios que, como excelentes profesionistas, guardan y velan por su función a contracorriente, haciendo lo que pueden para salvar el prestigio de esta noble vocación.
6.- Porque la presidenta del Colegio de Notarios es hija de Rafael Gastélum, el actual director del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), la dependencia estatal que más contacto tiene con las notarías. Gastélum padre a su vez es notario: un evidente y grave conflicto de intereses y que dejó evidencia de su opacidad, de su falta de transparencia, de su poco compromiso con la verdad, con la buena fe.
La propia entrevista reveló que Gastélum no tiene ningún empacho en ocultar cuestiones que interesan a la sociedad, y pretendió endilgarle a otra funcionaria opaca, como lo es la directora general de Notarías María Inés Aragón, la responsabilidad de responder por preguntas que ella debió contestar con toda transparencia, sabiendo que Aragón jamás ha dado ni dará la cara para responder por estos abominables actos, que desnudan un poderoso pacto de complicidad entre el gobierno, sus funcionarios, los notarios y el colegio que dice representarlos para torcer la ley, para sentir que el servicio público de fe notarial, así como todas las demás instituciones, les pertenece y pueden hacer de él y con ellas lo que deseen. Porque eso les sirve para mantener un artificial estatus social, disfrazado de buena fe, de paz y democracia, pero que en realidad atenta contra la función pública, contra la ley y contra la sociedad.
Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.
@Naranjero75
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