Uno de los temas que más controversia generó la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador fue el planteamiento de una amnistía. La propuesta fue utilizada por sus adversarios para denostar y tergiversar el verdadero, profundo y poderoso sentido de lo que una amnistía pensada en términos amplios podría implicar: un verdadero cambio de paradigma nunca antes propuesto en nuestro país.
En términos pedagógico-mediáticos, se utilizó el concepto “amnistía” como un símbolo para explicar provocativamente una modificación estructural para abordar y repensar el problema de la seguridad pública y la criminalidad en México.
Una genialidad.
Nunca antes se había pensado abordar el problema que más preocupación causa a los mexicanos más allá del populismo punitivo, inclinación ideológica que busca, sobre todo a través de las penas privativas de libertad, dar una respuesta a la criminalidad. Contrario a ello, la estrategia gubernamental más común siempre había consistido en redoblar el impulso punitivo.
Ahora bien, más allá de la emoción que causó entre los que nos identificamos como abolicionistas punitivos en mayor o menor medida la propuesta, es evidente que a estas alturas del partido vale la pena retomar el tema que se abordó en los foros y otros espacios de construcción de paz con las víctimas al centro y generar de nuevo el debate que comenzó a abrirse en campaña, pero que no debe decretarse ni cerrado ni muchos menos agotado para seguir repensando y ejecutando una política que considere en serio las causas de la criminalidad.
En contextos extraordinarios de violencia masivamente generalizada con criminalidad forzada, como el nuestro, la ecuación de repensar la política de seguridad pública con estos factores conllevaría necesariamente llegar a un puerto en el que es imperativo descartar la pertinencia de sanciones penales. En otras palabras si la decisión fuera continuar con la judicialización “normal” de los actos delictivos cometidos, una buena parte de la población estaría en la cárcel.
El presidente se ha cansado de manifestar que el principal eje de su política de seguridad pública es atender las causas de la violencia que —para nadie es novedoso— atraviesa por atender con los programas sociales a las personas más olvidadas por los pasados regímenes neoliberales. Sin embargo, sigue habiendo una debate pendiente que vale la pena retomar con urgencia y que tiene que ver con el tratamiento penal y judicial para atender los actos delincuenciales.
Sin duda no es tarea sencilla, pues implica necesariamente tomar en cuenta las exigencias de las víctimas y romper con una cultura punitiva muy arraigada que, entre otras cosas, busca cambiar la concepción de que “la amnistía” (en sentido amplio) es igual a impunidad.
Julia Álvarez Icaza Ramírez. Abogada de la UNAM
con formación en derechos humanos. Desde distintos espacios
ha trabajado temas de derechos económicos, sociales y culturales.
Actualmente investiga sobre justicia transicional,
reparación integral del daño y justicia restaurativa.
@Jualicra
