La Secretaria de Medio Ambiente (Semarnat) del gobierno federal circula sus diez prioridades de política ambiental, muy oportunas ante el primer informe de gobierno, a presentarse en los próximos días por el presidente de México ante el Congreso de la Unión, pero sobre todo de cara al pueblo de México.
Como ya he expresado antes en este espacio, y ante los cambios en la conducción de la política ambiental, ahora a cargo de Víctor Manuel Toledo, la forma y el fondo de las estrategias ha por fin tomado un rostro más claro y, al menos en el discurso, valiente y esperanzador.
En efecto, las diez prioridades podrían resumirse en una postura política audaz centrada en cinco ideas centrales:
1) El reconocimiento de las condiciones de emergencia ambiental que vive México.
2) Resignificar el crecimiento y desarrollo económico, desde la perspectiva ambiental, en una concepción socioecológica.
3) Centrar el quehacer de la política ambiental en el protagonismo de la ciudadanía de: mujeres, pueblos originarios y rurales —incluiría a los ciudadanos urbanos hacia el intercambio de consumo responsable— y en una participación decisoria en la planeación y protagonismo en su cumplimiento.
4) Un nuevo paradigma civilizatorio que defienda la vida desde una dimensión humanizadora y pluricultural de respeto por el territorio y los paisajes bioculturales, además de
5) Impulsar una racionalidad ambiental en las políticas de transición energética.
Esta apretada síntesis se verá enfrentada a inercias y acomodos dentro y fuera del gobierno federal, a intereses y privilegios que algunos impresentables, disfrazados de nuevos partidos políticos, intentarán frenar. Aplaudo la apuesta de la visión ciudadana de la mano del liderazgo del secretario Toledo, porque esa gran apuesta contrasta con planteamientos y discursos ya desgastados y rebasados de algunas organizaciones de la sociedad civil que reclaman más presupuesto, más intervención pública, y reforzamiento de instituciones. Aunque, a mi juicio, más bien deben ser trasformadas, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la misma Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), como ya señalé en el artículo anterior, que son fundamentales, pero que podrían trabajar con perspectivas de una mejor inserción y compromiso social ante las nuevas realidades.
Finalmente, habrá que tomar nota de los procesos de consulta al programa ambiental que se realizan por todo el país, e incorporar aquellas propuestas ciudadanas que aseguren un futuro responsable y comprometido de los habitantes de a pie de las distintas realidades territoriales regionales que componen nuestro diverso y complejo país. Pero también hará falta sumar experiencias académicas de investigadores de campo que han documentado y reflexionado sobre el quehacer interdisciplinario de la sustentabilidad ambiental del desarrollo en materia forestal, del agua, la diversidad biológica y los recursos naturales, el suelo, el cambio climático global. De organizaciones rurales, muchas indígenas, que han acumulado saberes colectivos de largo tiempo, así como los de las interacciones urbano-rurales cada vez menos distantes. Mis mejores deseos a estas maneras de pensar y ver diferente.
Pedro Álvarez Icaza. Experto en política ambiental y en gestión y manejo de recursos de cooperación multilateral internacional. Forma parte del programa de líderes ambientales de El Colegio de México.
@alvarezicazapc
Otros textos del autor:
