La “oportunidad” para que funcionarios de primer nivel entren a empresas privadas luego de ejercer cargos públicos fue cancelada. Y es que la Ley Federal de Austeridad Republicana manda que será hasta 10 años después de dejar su cargo cuando puedan trabajar para la iniciativa privada en sectores en los que hayan accedido a información privilegiada.
La nueva ley, aprobada por la Cámara de Diputados que sólo está a la espera de que sea promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también pone candado a que los funcionarios reciban regalos, pagos o viajes que beneficien a su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
Tampoco podrán contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, ni adquirir seguros de gastos médicos privados. En cuanto al uso de secretario particular y chófer, la ley establece que sólo podrán tenerlos el secretario y subsecretario de la dependencia.
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La Ley de Austeridad Republicana prohíbe que se hagan remodelaciones en oficinas públicas con fines estéticos y sobre el uso y compra de automóviles se estableció que sólo se podrán adquirir aquellos vehículos de lujo o cuyo valor comercial supere los 367 mil 278 pesos para el transporte y traslado de los servidores públicos.
Y en cuanto al derroche en telefonía móvil y fija, energía eléctrica y de gasolina éste quedó cancelado.
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