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México enfrenta un gran reto para sacar adelante los proyectos prioritarios del gobierno lopezobradorista en materia de infraestructura y programas sociales, de eso no hay duda.  

Algunas voces se aventuran a decir que el actual gobierno está haciendo un despilfarro de recursos, algunos con tintes electorales, para promover su agenda. 

Quizá esta sea una visión limitada de lo que realmente ambiciona el gobierno. 

Por muchos lados florecen las críticas, ya sea desde el exterior o al interior del país, de que las finanzas públicas se están presionando por cumplir metas gubernamentales. 

Es legítimo, sin embargo, no debe ser la panacea. Ni todo es correcto ni todo es incorrecto. Hay que buscar un justo balance. 

Esta tarde, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, planteó a los diputados en la glosa del primer informe de gobierno, que en realidad el presupuesto para 2020 está muy ajustado. 

Explicó que de los 6 billones de pesos que la administración federal busca mover, sólo 1.1 billones de pesos se repartirán a discreción, es decir, en salarios, pago de servicios y al sector social, lo que puede, evidentemente puede representar presión a las finanzas públicas. 

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No obstante, el funcionario planteó un aspecto clave. 

En la medida en que la recaudación en México sea equitativa, es decir, donde todos los mexicanos paguen sus impuestos, los que realmente les corresponden, ayuden a Hacienda a percibir recursos de manera igualitaria. 

«Sí nosotros en el futuro vamos a requerir mayores recursos para nosotros pero también para estados y municipios, vamos a tener que hacer un esfuerzo para asegurarnos que todos los que pagamos, personas físicas y morales, contribuyen a la nación de una forma equitativa». 

«Ley Bonilla, inconstitucional»

En el desfile de comparecencias de los secretarios de estado por la glosa del primer informe de gobierno, incluyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

En dicha ponencia, la funcionaria se refirió a un tema espinoso, que aún no logra consenso entre los partidarios de la cuarta transformación: la ampliación de mandato en Baja California. 

Sánchez Cordero fue clara. La modificación para que Jaime Bonilla gobierno el estado de 2 a 5 años es una treta anticonstitucional, aunque le fue reprochado que este posicionamiento fuera a nivel personal y profesional y no como la jefa del interior de la nación.

Ahora el terreno, está en el poder judicial. La certeza de que todo es democrático y ajustado a la ley ahora se debe dirimir en esa trinchera. 

«Cuando existe controversia, la Constitución también decide el método y el poder que lo resuelve es la Suprema Corte», dijo Sánchez Cordero. 

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