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El Estado tortura. Secuestra, desaparece, mutila, mata.

Y cuando su violencia se cierne sobre las mujeres es especialmente cruel y «lesiona de manera diferenciada sus cuerpos».

Martha Camacho lo aprendió en la IX Zona Militar de Culiacán, Sinaloa, el 19 de agosto de 1977.

En esas instalaciones oficiales, presuntamente constituidas para garantizar el bienestar de los mexicanos, su esposo fue castrado y asesinado, su hijo recién nacido fue encañonado desde su primer respiro en este mundo, y ella fue secuestrada y desaparecida por 49 días.

Torturada, desgarrada genitalmente, humillada después de ejercer una militancia política en la Liga Comunista 23 de septiembre bajo un régimen autoritario: el de la llamada Guerra sucia.

Es el país de Luis Echeverría y José López Portillo, priistas que persiguieron a la izquierda radical con estrategias de exterminio y amedrentamiento.

Presidentes ambos por el partido que años antes encarceló a líderes ferrocarrileros y disparó contra jóvenes, muchos menores de edad, en Tlatelolco. 

Martha Camacho
Cortesía del Centro Prodh

Es el México autoritario que el cambio de gobierno pretende disolver mediante la acción de la justicia.

El México contra el que se votó masivamente en 2018 para dar paso a una administración simbólicamente distinta, que aún debe consolidar en hechos políticos su propuesta de transformación.

Por eso, como le gusta repetir al presidente, Martha Camacho acepta sin conceder.

Agradece la disculpa pública, pero la reconoce parcial de distintas formas: primero, porque ella no es la única víctima de esa violencia de Estado. 

Segundo porque la promesa de reparación integral del daño es necesaria, pero apenas inicia.

Y tercero, porque los perpetradores del crimen no están presentes en la ceremonia.

«Lamento mucho que no esté la Sedena, ya que perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época, reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución», dice al micrófono.

Está acompañada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero —la primera mujer en presidir la dependencia federal—, y por Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Es el auditorio Alfonso García Robles del edificio que fue Secretaría de Relaciones Exteriores, para la que trabajó Gustavo Díaz Ordaz, nombrado embajador en España en el mismo 1977 como represalia por asesinar a jóvenes inocentes a unos cuantos pasos de esa oficina: en la tristemente icónica Plaza de las Tres Culturas.

«El Estado asumió como enemigos a los disidentes políticos», reconoce Alejandro Encinas en su intervención y se refiere a 1968, a 1971, a 1976, a 1977.

Aquellos años el gobierno volcó sus capacidades organizacionales en desarrollar tareas de contrainsurgencia: detenciones, desapariciones y torturas contra cientos de personas, entre quienes se cuentan Martha Camacho y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, ejecutado extrajudicialmente en las instalaciones militares.

A la fecha no se sabe dónde descansan sus restos.

Por eso, los familiares de Camacho, presentes en el auditorio, y sus compañeros de lucha agradecen el acto público, pero en cuanto acaban los protocolos se apresuran a corear:

«Ni perdón ni olvido: castigo a los asesinos».

Las cuentas claras rumbo al reconocimiento en diálogo y actos de justicia de uno de los episodios más graves y violentos de la historia nacional: el del desmedido ejercicio de la fuerza oficial contra los ciudadanos.

Martha Camacho
Cortesía del Centro Prodh

El abrazo, de todos modos, es histórico: el gobierno federal se compromete a reparar el daño que otros gobiernos federales perpetraron de manera descarnada contra la población: volcada toda la operación del Estado contra individuos, en acciones violentas claramente fuera de la ley, de la Constitución, violatorias de derechos humanos.

Se trabaja, dice Sánchez Cordero, por «un país donde nunca más se vuelva a torturar».

La labor de Camacho, agrega, «deberá ser precedente para el reconocimiento de los agravios que muchas mujeres padecieron».
Esto, revira Camacho, debe ser sólo el principio.

El acto, pues, no es baladí. Por eso la agraviada sonríe y se conmueve desde el templete, enjuga las lágrimas, empuña en todo momento el retrato de su esposo parecido, escucha, arenga.

A unos 12 metros, en la segunda fila de butacas, su nieta aprovecha el desconcierto del cierre de la ceremonia para gritar: «Te quiero, abuela».

Martha sonríe. Y le enseña a su nieta cómo hay que andar. «Así», le dice mientras alza el puño hacia el cielo.

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