Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que impulsaría el Plan de Desarrollo Integral (PDI) en el Triángulo Norte hubo voces escépticas debido a la complejidad y al alcance que proponía: detener la inmigración de indocumentados y volver la migración una decisión personal, no una necesidad por la violencia o falta de trabajo.
Esa fue una de las respuestas del presidente mexicano a la política coercitiva de su homólogo estadounidense, Donald Trump, contra los centroamericanos que organizaron las caravanas, las cuales aumentaron a niveles nunca vistos las detenciones en la frontera de México con Estados Unidos.
La otra respuesta de López Obrador fue «doblar las manos» para desplegar al menos 25 mil elementos de la Guardia Nacional en las dos fronteras mexicanas, incrementar las deportaciones y aumentar las visas humanitarias para aquellos extranjeros a los que la administración Trump permitió solicitar asilo pero no quedarse en Estados Unidos: el programa conocido como «Permanecer en México».
En paralelo, de la mano del canciller Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano no quitó el dedo del renglón sobre el PDI. La firma del acuerdo fue posible el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) fue la responsable de desarrollar el programa.
Como idea suena muy bien. En el papel se lee excelente. ¿Es posible? Al menos 35 países, incluida la Unión Europea, especialmente España y Alemania, además de Canadá, y 18 organismos de las Naciones Unidas dicen que sí, es una buena idea.
«Les parece muy novedoso», afirmó el canciller Marcelo Ebrard sobre cómo una propuesta —retomada del sueño de John F. Kennedy en la década de 1960— ha ido creciendo hasta convertirse en el proyecto migratorio más ambicioso en el mundo. «Firmamos el Acuerdo de Marrakech… ¿y luego qué?», reconoció el funcionario mexicano. «Nosotros quisimos hacer algo en concreto», presumió.
A pesar del esfuerzo, el gobierno mexicano no ha dejado de ser objetivo de las agresiones verbales del presidente Trump, quien después de agradecerle a México frente a la asamblea general de la ONU «su respeto», dijo que lo había «usado» para detener a indocumentados. La administración de López Obrador hace oídos sordos a ello. «Nos quedamos con lo que dijo en la Asamblea General», respondió el Canciller ante el cuestionamiento de quien escribe.
El plan de AMLO conviene a todos, en principio a quienes viven en Centroamérica y el sur de México, porque supone la creación de miles de empleos que les permitan encarar sus necesidades básicas, mientras sus propios gobiernos buscan reducir los problemas endémicos que obligan a migrar, como la violencia de pandillas y las guerrillas. También le conviene a México —política y económicamente— y, por supuesto, a Estados Unidos, pues vería una baja considerable de inmigrantes indocumentados de la región.
En el encuentro de alto nivel de la ONU, Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador; Sandra Érica Jovel Polanco, ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala; José Isaías Barahona Herrera, subsecretario de Estado para Asuntos de Política Exterior y Cooperación Internacional de Honduras, expresaron su reconocimiento al gobierno de López Obrador, además de destacar un esfuerzo por el proyecto que genera altas expectativas, sobre todo porque sus primeros resultados se esperan el siguiente año, no en 10 o en 20.
Las acciones concretas incluyen inversiones de México al sur del país en orden de 5 mil 800 millones de dólares y una primera inversión de 100 millones de dólares en Centroamérica, la cual aumentará a 200 millones en un año.
El único «frijol en el arroz» es el doble mensaje de Estados Unidos, ya que en 2018 apoyó públicamente el plan, pero no estuvo en la reunión de alto nivel en la ONU, e impulsa proyectos en paralelo con los países centroamericanos, como un primer acuerdo con El Salvador para orientar 350 millones de dólares a través de programas de cooperación.
El canciller reconoce que hay reticencia de los estadounidenses. «Les vamos a demostrar que funciona», dijo ante la pregunta sobre la falta de apoyo frontal de la administración Trump, cuya visión sobre la inmigración sigue siendo corta: detener y expulsar.
Jesús García. Periodista de El Diario NY (eldiariony.com), exeditor de Reforma, y exbecario de ICJF, WSJ y el Instituto de las Américas y excolaborador de El Financiero.
@jesusgar
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