Emilio Lozoya. Rosario Robles. Juan Collado. Carlos Romero Deschamps. Ramón Sosamontes. Emilo Zebadúa. Todos ellos han sido acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por, presuntamente, haber cometido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita —el conocido lavado de dinero. Un día sí y el otro también leemos que Santiago Nieto, el titular de la UIF, anuncia el inicio o conclusión de investigaciones, o la presentación de querellas, por lavado de dinero —erigiéndose dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como el principal paladín de la lucha contra la corrupción.
Esta notoriedad de la UIF es algo relativamente novedoso y se circunscribe al gobierno de la 4T. ¿Por qué no escuchábamos en sexenios pasados de la UIF asestando semejantes golpes? Es un tema que merece una investigación interna por parte de Santiago Nieto y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) —antojándose probable que el entramado de corruptelas en sexenios anteriores era solapado por los entonces encargados de prevenir y combatir el lavado de dinero.
La experiencia internacional nos enseña que cuando al combate al lavado de dinero se ve tergiversado por consideraciones políticas, las consecuencias son graves, sistemáticas y duraderas. Año con año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publica listas de países que, en mayor o menor grado, fallan en el cumplimiento de estándares globales en el combate al lavado de dinero. La comparación del contenido de dichas publicaciones con las listas compiladas por el Banco Mundial (los «indicadores globales de gobernanza») y Transparencia Internacional (el famoso «índice de percepción de corrupción») que hacen un ránking de los países más corruptos, arroja un resultado escalofriante: los países más corruptos tienden a ser aquellos donde más se falla en el combate al lavado de dinero.
Países como Tayikistán y Argentina enfrentaron deterioros generalizados en el estado de derecho cuando las autoridades antilavado, por consideraciones políticas, dejaron de hacer su tarea —no solamente la corrupción se volvió un problema rampante en ellos, sino que se convirtieron en centros regionales de distribución para los cárteles del narcotráfico. Otros países como Sudán vieron incrementados sus índices de tráfico humano, de explotación ilegal de recursos minerales y depredación de especies animales gracias al nulo combate antilavado. Peor aún: en todos los casos los países se volvieron más inseguros y más pobres.
Es por ello que lo hecho hasta ahora por Santiago Nieto es loable. No sólo está cumpliendo su deber, sino que está haciendo lo que gobiernos anteriores presuntamente dejaron de hacer. La experiencia internacional enseña que el combate antilavado es pieza central en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad que tanto dañan a nuestro México amado.
Rodrigo Turrent. Abogado por el ITAM, maestro por la Universidad de Georgetown y estudiante de doctorado. Especialista en derecho internacional público y comparado.
@turrrrent
