Cada vez son más las coincidencias en las formas y fondos de gobernar al municipio de Hermosillo, entre la actual alcaldesa Célida López de Morena (ex panista) y el último ex alcalde Maloro Acosta (PRI), quien terminó su gestión con una enorme desaprobación ciudadana y en un auto exilio.

El trienio completo de Maloro (2015-2018), lo pasó justificando su pésima administración culpando a la anterior del panista Alejandro López Caballero a quien constantemente acusaba de haberle dejado un desastre administrativo y las arcas vacías, sin embargo jamás hubo una denuncia formal ante las autoridades correspondientes para llamar a cuentas al ex edil panista.

Recién iniciada la administración del priísta, intentó concesionar el servicio público de recolección de basura, pero ante la férrea negativa del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Hermosillo y ante una muy buena intervención de la ex regidora de MC, Rosa Elena Trujillo, no les era conveniente desgastarse políticamente tan rápido confrontándose con ese sindicato y optaron por recular.

Pero vino un agresivo aumento en el consumo de agua potable para los hermosillenses del 60%. Después la edificación de 10 paradas de camión con un costo de 24 millones de pesos, es decir, un costo promedio de 2.4 mdp por cada una, un valor similar al de una vivienda (en 2017) en una zona de plusvalía al poniente de la ciudad. También la venta de una superficie de 60 hectáreas de terrenos que estaban reservados para panteones.

Pero lo que marcó finalmente la caída libre de Maloro Acosta en su popularidad y legitimidad, fue la concesión de alumbrado público mediante un contrato leonino que comprometía los principales recursos hacendarios del municipio (prediales y traslados de dominio) por 15 años y ante el reclamo de la ciudadanía que se oponía a la concesión de este servicio público por medio de manifestaciones tanto en redes sociales como en la calle, el argumento del entonces gobierno municipal fue que no había de otra, porque no había recursos suficientes con que solventar ese servicio y se tenía que dar una solución en beneficio de la ciudadanía, ¿han escuchado lo mismo en la actual administración?

A la llegada de la actual administración municipal, se confirmó y comprobó lo que la regidora Rosa Elena Trujillo, algunos analistas, periodistas (muy pocos) y ciudadanía en general habíamos advertido: un daño severo en las finanzas municipales que restringía de manera sustancial la operatividad del Ayuntamiento.

En el actual gobierno municipal comandado por  Célida López esa concesión ha sido cancelada, después de una costosa lucha jurídica y un pésimo acuerdo con la empresa concesionaria y el banco, en el cual el Ayuntamiento de Hermosillo tuvo que comprometerse a pagar poco más de 1,400 mdp, sin proporcionar la información suficiente a regidores de oposición ni a la prensa ni al resto de la ciudadanía.

Desde la llegada de Célida (2018) como alcaldesa ha justificado su ineficiencia una y otra vez con la misma cantaleta de la pasada administración, “nos dejaron las arcas vacías y el municipio no cuenta con los recursos mínimamente necesarios”, y tampoco existen denuncias formales en contra de la administración pasada.

El primer problema que enfrentó, también fue la recolección de basura, no se contaba con las suficientes unidades recolectoras y con las que se estaba llevando acabo la recolección, la mayoría se encontraba en pésimas condiciones, el servicio que es de dos veces por semana, se restringió a un día por semana. Apremiaba la compra de por lo menos 30 unidades para poder restablecer el servicio de recolección a dos veces por semana, pero, según la alcaldesa el municipio no contaba con recursos para la compra al contado ni con garantías para acceder a un crédito, fue entonces que se decidió arrendar esos 30 camiones recolectores de basura en más de 145 mdp a 3 años.

Según la propia Presidente municipal, el costo de cada unidad era de 2 millones 200 mil pesos, si se hubiera comprado los 30 vehículos al contado en un monto de 66 mdp a lo que se le agregaría la suma de $9,918,000 por el concepto de seguros de cobertura amplia por tres años y $4,700,000 de servicios preventivos estimados por tres años, es decir, se pagaría una cantidad total de $80,618,000 lo cuál nos indica que con el contrato de arrendamiento por $145,584,292, el municipio pagará 80.6% de intereses con una tasa anaualizada de más del 50% y en números totales, casi 65 mdp, esto se traduce en que, solo de pago de intereses sería casi la cantidad de lo que costaría la compra al contado, algo desproporcionadamente fuera de los rangos reales del mercado para arrendamiento vehicular, que oscila entre el 8 y 16% en tasa anualizada. Calculamos un un sobreprecio injustificado de por lo menos 42 mdp.

Sigue el plan de la continuación de la obra otrora llamada Ramal Norte, hoy acuaférico, con cargo al erario. Es totalmente falso que este acuaférico vaya a ser la infraestructura que proveerá de agua a esas colonias del norte ya existentes, porque esa infraestructura ya existe desde la misma creación de esas colonias. La verdadera razón para construir ese acuaférico es el abastecimiento de agua para nuevos desarrollos más hacia el norte de la ciudad y aquí la pregunta es ¿por qué y para quién o quienes? ¿A qué desarrolladores y propietarios de terrenos se pretende beneficiar a costillas de Agua de Hermosillo?

El pasado sábado 28 de marzo aprovechando la crisis sanitaria sesionaron en Cabildo a puerta cerrada, violando la Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora, que obliga a los ayuntamientos a que estas sesiones ordinarias sean abiertas al público, excepto cuando se toquen temas de seguridad pública.

En esta sesión aprobaron subastar a la alza los terrenos de la unidad deportiva el Cárcamo de 98 mil, 201 metros cuadrados con un valor de 186 mdp.

Los argumentos son los mismos de siempre utilizados en la actual y la anterior administración: nos dejaron las arcas vacías y urge dinero, es por el bien de la mayoría de la ciudadanía, el 60% se destinará para tapar baches ¿cuanto tiempo durará? ¿Una temporada de  lluvias? ¿qué ha pasado con las instrucciones que giró el presidente al director de Banobras para que se otorgara el apoyo para la restauración de vialidades?  30% para ayudar a los sectores más desprotegidos a causa de la crisis causada por el coronavirus y el 10% para reactivar y acondicionar terrenos para unidades deportivas.

Es recurrente el dicho que en política no existen las casualidades. Y en este caso resulta suspicaz el hecho de que a un mes después de haberse dado a conocer por Jorge Vidal, Secretario de Economía del Estado de Sonora, que existe el interés de un consorcio radicado en CDMX en adquirir los terrenos del parque la Sauceda, mismo que se encuentra enfrente del Cárcamo, de pronto el Ayuntamiento pretenda subastar esta unidad deportiva, que presumiblemente el interesado en adquirirlo es el mismo que pretende hacerse del parque la Sauceda.

Por una parte se desgarran gritando a los cuatro vientos la urgencia por la obtención de recursos, pero por otro lado también se aprobó en esa misma sesión de cabildo que el municipio desembolse  20 mdp para adjudicarse 10 camiones recolectores de basura con un año de uso que actualmente arriendan, es decir pagarán 2 mdp por cada camión, esto aunado al 1.8 mdp que ya se ha pagado por cada camión en arrendamiento, lo que en total nos da 3.8 mdp por cada unidad, cuando el precio de cada camión nuevo, según los mismos datos proporcionados por el Gobierno Municipal, es de 2.2 mdp, entonces, ¿por qué se pagarán 1.6 millones de más por unidades con un año de uso? ¿Por qué ejercer ese gasto que no corresponde a una urgencia en estos momentos de crisis sanitaria y económica? ¿Por qué el Cárcamo no se ofreció como garantía para la obtención de un crédito cuando apremiaba la adquisición de estos camiones y que no se contaba con el recurso financiero para comprarlos al contado? eso representaba una opción mucho más económica que el arrendamiento. ¿No resultaría mucho mejor que contando con una cartera vencida en Agua de Hermosillo de más de 2mil mdp  presionará a los grandes deudores (industrias, constructoras, grandes comercios) para que salden sus adeudos? O así como la alcaldesa presionó a la dirigencia estatal del PAN para que pagara el adeudo de 3 años correspondientes al predial, ¿por qué no hacer lo mismo con tanto gran deudor? Ella misma amenazó con exhibirlos y solo quedó en eso, una inofensiva amenaza. ¿No es mucho mejor eso que deshacerse de terrenos que representan un pulmón para nuestra ciudad y un área recreativa de acondicionamiento físico que tanto ayuda a contrarrestar a las adicciones?

Si la alcaldesa se jacta de sus históricas convocatorias de participación y consultas ciudadanas ¿por qué está venta de terrenos no lo consulto con la ciudadanía?, ¿por qué la urgencia de realizar la subasta justo cuando se han endurecido las medidas para quedarse en casa y guardar sana distancia que evite el contagio del Covid-19?

El gobierno municipal de Hermosillo lidereado por Célida López evidentemente se desentendió del mensaje contundente de la ciudadanía expresado en las urnas el 1 de julio del 2018, el cual fue un rotundo rechazo y hartazgo de los viejos vicios donde lo público lo convierten a lo privado. Y al igual que su antecesor, Maloro Acosta, no están haciendo política sino politiquería como un oficio antitético del servicio público, pues inhabilita su prerrogativa básica; la honestidad. Han adoptado el rol de mantener una pose engreída y, a través de ella demostrar su poder, que solo sirve para afianzar la separación con el ciudadano.

Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM, y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.

Twitter:@Naranjero75