La Secretaría de Energía (SENER) ha actualizado en enero de 2020 la “Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios”; como se lo mandata la Ley de Transición Energética, debe lograr la participación de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 30% para 2021 y el 35% para 2024.

La naturaleza intermitente de las energías solar y eólica terrestre, proyectos que equivalen al 3.5% y 21.6% del total de la energía limpia producida en México (de acuerdo con datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODESEN, 2019), es un elemento técnico considerado al aprobar el funcionamiento de centrales eléctricas. Por eso las dos grandes empresas productivas del Estado: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), son relevantes en la medida que aportan el respaldo a este tipo de ofertas energéticas. Es decir, el sistema energético es interdependiente entre sí: los hidrocarburos siguen siendo indispensables para movilizar personas y mercancías por cielo, mar o tierra y estos, a su vez, tanto como el gas, ayudan a que las centrales de generación de electricidad funcionen con base en la demanda que varía según la región y horarios. Mientras se mantenga un equilibrio entre la demanda de energía y el suministro se evitan los apagones o el colapso del sistema eléctrico nacional.

El petróleo se puede almacenar y los países productores no repararon en la parálisis internacional que generaría el confinamiento en el marco de la emergencia sanitaria del COVID—19, por este motivo el precio cayó de tal manera que la población vaticina el final de una era: nada más precipitado en tanto los automóviles se sigan moviendo con gasolina, los aviones con turbosina, etc. 

Por el contrario, es imposible almacenar las cantidades colosales de energía que la industria y las naciones demandan y esa es actualmente la ventaja para quienes la puedan suministrar, pero la preocupación creciente tanto por los gobiernos como por las industrias pues sin energía todas las actividades se ven comprometidas: tanto las no esenciales como las esenciales, el agua potable, la propia generación de energía eléctrica; la extracción de gas y de petróleo; la generación de gasolina y turbosina; el saneamiento básico; el transporte público; la infraestructura hospitalaria y médica.

Tanto la crisis mundial de los precios del petróleo como la transición energética a la que se encaminan los actores dentro y fuera de los gobiernos democráticos conducen a reforzar el papel de las Cámaras de representación de todos los órdenes para mantener la línea trazada en la transición energética hacia las energías renovables. No es la primera vez que esta crisis de precios se presenta pues en 1973 el interés en alternativas al petróleo se aceleró gradualmente. En aquel momento, debido al encarecimiento de los hidrocarburos, pero desde entonces, las naciones enfocan sus esfuerzos en obtener una oferta energética a partir de energías renovables competitivas con los combustibles fósiles, equipos de uso final con mayor rendimiento energético y desarrollo acelerado de tecnologías innovadoras.

Asimismo, en el caso de México existe algo muy relevante al respecto: la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático creada por la Ley General de Cambio Climático, ha recomendado desde 2018 que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), tome en cuenta para el próximo Programa Especial de Cambio Climático (PECC), los alcances derivados de la reforma energética y los compromisos adoptados por México en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los que contribuyan a transitar a un desarrollo nacional sustentable, resiliente y bajo en carbono desde el ámbito local. Lo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) se ha logrado de manera parcial únicamente en Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Yucatán.

Por otro lado no todas las fuentes de energía son tan amigables como aparentan, existe lo que se conoce como externalidades, que cuantifican el impacto ambiental, económico y social durante la producción de celdas solares, plataformas eólicas terrestres o eólicas marinas, centrales nucleares, etc., lo que mantiene la incertidumbre y tensión en este mercado complejo. A esto se suman los recursos naturales de los que se dispongan en determinado territorio que sirven como materias primas para impulsar una u otra opción, sumados a la tecnología, visión de país, avaricia, conocimiento, capacidad de gestión y escasos estadistas en la conducción de algunas políticas públicas energéticas a nivel mundial.

Lo que es un hecho es que el petróleo es finito y altamente contaminante, con consecuencias en el clima y esto genera un efecto dominó negativo en la salud, la migración, la pesca, agricultura, ganadería, desplazamiento migratorio y que precisamente sólo la Transición energética soberana podrá preparar a las y los mexicanos para lo que viene.