La noche de ayer, Cancún vivió uno de los episodios más escandalosos y deplorables que se recuerden en su historia: mientras un grupo de mujeres valientes y con conciencia se manifestaban afuera del Palacio de Gobierno exigiendo justicia por el dolorosísimo feminicidio de la joven Alexis, un grupo de policías dispersó la protesta de forma violenta, agrediendo a las manifestantes, deteniendo arbitrariamente y llegando al límite intolerable de lanzar disparos que, según reportaron algunas de las presentes, se realizaron con armas de fuego.
Horas después de estos lamentables sucesos, con la incesante presión del movimiento feminista y las redes sociales ardiendo de justa indignación, vino una cascada de “lavadas de mano” por parte de las autoridades municipales y estatales. La Presidenta Municipal, Mara Lezama, publicó un video en redes sociales acusando a la policía estatal de reprimir violentamente a las mujeres, y le aventó la bolita al Gobernador, Carlo Joaquín, diciendo que “el gobierno municipal no tiene a su cargo elementos de policía, estos están a cargo del mando único estatal”.
El mandatario estatal hizo lo propio señalando al Director de la Policía Municipal de Cancún, Eduardo Santamaría, de haber dado la instrucción de “disparar al aire para dispersar a los manifestantes” y exigió a la Presidenta Municipal dar de baja a los funcionarios involucrados. Básicamente nadie quiso hacerse responsable ante la brutalidad cometida y lo único que hicieron fue repartir culpas sin hacerse responsables ante la ciudadanía ni mucho menos las personas afectadas. Un manejo de crisis nefasto en el que imperaron la mezquindad y la insensibilidad antes que la búsqueda de la justicia.
Hay que tener claro que, en efecto, en Quintana Roo la seguridad se rige bajo un mando único, el cual es un esquema de operación policial homologada en equipo, capacitación, estrategia, reglamentación y disciplina; todo ello bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. En pocas palabras, los municipios le ceden al gobierno estatal el control en materia de seguridad. Si bien es cierto que la Presidenta Municipal es corresponsable por no haber hecho cuanto estuviera en su poder para detener la represión, el principal peso de responsabilidad cae sobre el Gobernador y su Secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, quien, además, tiene una dudosa reputación por su pasado de tortura y detenciones ilegales durante su paso por Morelos.
Lo mínimo que Carlos Joaquín puede hacer de manera inmediata es separar cuanto antes de su cargo a Capella y permitir que se hagan las investigaciones debidas, sin caer en la tentación de intervenir en el proceso para proteger a su gente. Si esto no ocurre, quedará claro que el Gobierno de Quintana Roo no tiene el mínimo interés de proteger a las mujeres de su estado y que, por el contrario, está dispuesto a utilizar toda su fuerza en contra de quienes le exigen seguridad y una vida digna. Sería un precedente muy peligroso.
