La Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa, indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Los expertos, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaron un nuevo informe —el primero durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador— que se basa en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante seis años. Aunque el acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa del mandatario.

El informe sostiene que marinos estuvieron operando en el basurero donde el anterior gobierno dijo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente del caso. También, indica que el Ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real, además de mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, que no dio a conocer pese a que pudieron haber sido vitales para localizar a los jóvenes.

Sin embargo, el informe no aclara el paradero de los estudiantes ni el móvil del brutal ataque. Sólo tres de los 43 alumnos han sido identificados a partir de huesos calcinados hallados en distintos lugares. El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero del municipio vecino de Cocula, y tiró los restos a un río cercano.

Los dos primeros informes del grupo de expertos y la actual fiscalía ya habían dicho que la versión de una gran cremación en el basurero no era real y que hubo un montaje en el hallazgo en el río en 2014 del hueso de uno de los jóvenes. Ahora, el nuevo informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior” —que no se detalla— en la que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero, a la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Uno de los escenarios clave fue el basurero de Cocula, donde el 27 de octubre de 2014 la PGR anunció que fueron quemados los 43 alumnos en una gran hoguera.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló un video tomado por un dron en el que se demuestra que hubo integrantes de la Secretaría de Marina en el basurero, manipulando la zona antes de que la PGR acordonara la zona. Los videos demuestran que la mañana del día del anuncio y casi seis horas antes de que se resguardara el lugar, marinos sacaron tres bultos de un vehículo —cuyo contenido se desconoce— e hicieron un fuego que pronto quedó apagado. Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en la parte más profunda de la hondonada. La Marina no explicó a los expertos el objetivo de esta actividad.

Las imágenes aéreas fueron cotejadas con documentos militares por lo que el grupo de la CIDH aseguró hay certeza de que quienes estaban allí eran miembros de la Marina y de la PGR. En el video también se ve un helicóptero que sobrevuela a baja altura y levanta una gran polvareda sobre donde teóricamente estaban todas las pruebas. Luego llegó el entonces procurador Jesús Murillo Karam y horas más tarde el equipo de peritos argentinos que representa a los padres de los estudiantes. Fue entonces cuando se acordonó la zona. Dos semanas antes el Ejército había dicho que en ese lugar no había nada. El informe presenta también nuevas evidencias de vacíos de información en momentos clave, aunque había un seguimiento de años de los alumnos de Ayotzinapa y de los delincuentes de la zona. Confirma que se crearon documentos falsos para “legalizar” irregularidades y detalla, por ejemplo, que la llamada anónima que llevó a la captura de quienes después confesaron haber asesinado y cremado a los jóvenes nunca existió. La existencia de tortura, corroborada por la CIDH y la ONU, llevó a la justicia mexicana a anular muchas pruebas. Ahora el grupo tuvo acceso a 60 videos de interrogatorios a 50 detenidos realizados no sólo en instalaciones de la PGR, sino también de la Marina, que confirman que fue una práctica sistemática. h