Una larga lista de políticos y personajes incrustados en la función pública han aprovechado su paso por diferentes puestos de gobierno para hacerse de dinero de manera irregular o inexplicable, pues el estilo de vida, lujos y propiedades no coinciden con sus ingresos. El SOBERANO DEL SUR hace una breve anatomía de esta práctica enquistada en las personas que históricamente han detentado el poder, pero la verdad siempre sale a la luz
- Eviel Pérez Magaña
Negocio de familia
Cuando fungió como Secretario de Obras Públicas en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, de 2005 a 2009, utilizó su cargo para asignar obras a empresas de su propiedad, de su padre y de su familia. La información pública sobre los contratos en ese periodo, suman la cantidad de al menos 298 millones 820 mil 865 pesos.
Pero no paró ahí. Posterior a la ocupación de este cargo continuó recibiendo contratos de obra pública, incluso en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, contra quien compitió por la gubernatura del estado de Oaxaca en el año 2010. Entre 2014 y 2017, también a través de las empresas de él y su familia, recibieron contratos por alrededor de 500 millones de pesos.
Las empresas que utilizó para primero, autoasignarse recursos públicos, y después para ser beneficiario de obra pública, son Constructora y Arrendadora de la Cuenca, S. A. de C.V. y Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, S. A. de C. V., propiedad de su hermano Rolando Pérez Magaña y en las que él también aparece como socio; y Comercializadora Tres Hermanos S.A de C.V., propiedad de él y de su padre Eviel Pérez Cortar.
Cuando fue Secretario de Obras Públicas recibió contratos con la Secretaría de Salud, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la Comisión Estatal del Agua y la misma Secretaría de Obras Públicas, de la que él era titular.
En ese periodo, entre las obras asignadas destacan la construcción de un centro de salud y servicios ampliados de Santiago Llano Grande a través de la empresa Constructora y Arrendadora de la Cuenca, S. A. de C.V.; obra que además, dejó inconclusa. CAO otorgó a Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, la reconstrucción de la carretera Ixtlán de Juárez-Zoogocho; pero que según un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la obra nunca se realizó.
A estos se suma el contrato con los Servicios de Salud de Oaxaca por 13 millones 984 mil 953 pesos con 42 centavos a la empresa Constructora y Arrendadora de la Cuenca; la Comisión Estatal del Agua otorgó el contrato para el diseño, construcción, equipamiento, pruebas, puesta en servicio y operación transitoria de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tuxtepec, por un monto de 63 millones 769 mil 91 pesos con 89 centavos.
Mientras que entre 2014 y 2017, cuando Eviel Pérez Magaña se desempeñaba como Senador y posteriormente como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), también recibió contratos de obra pública por alrededor de 500 millones de pesos a través de las mismas tres empresas.
Los contratos fueron asignados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Sedesol, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Gobierno de Oaxaca. Entre los que destacan está el otorgado por la SCT por 63.4 millones de pesos para la rehabilitación del pavimento del kilómetro 50 al 80 en el tramo Tuxtepec-La Esperanza; mientras que el Gobierno de Oaxaca le asignó un contrato por 47 millones de pesos.
- Ulises Ruiz Ortiz
Sin escrúpulos pero con los bolsillos llenos
El ex gobernador de Oaxaca ahora reapareció en el plano público para destaparse como aspirante a la presidencia de México, como si la gente hubiera olvidado que en plena crisis política y de gobernabilidad en el estado a causa del conflicto con organizaciones que conformaron la APPO, construyó un centro hospitalario valuado entonces en 1 mil 500 millones de pesos; cifra superior al presupuesto anual destinado a los Servicios de Salud de Oaxaca, que no supera los mil 200 millones de pesos en promedio cada año.
Este hospital aparece a nombre de su esposa Lourdes Salinas Ortiz y aparecen como socios la madre de Ulises Ruiz, Juventina Ortiz Vizairo, y su tía Adelina Ortiz Vizairo.
Junto con Eviel Pérez Magaña, cuando este último se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal, creó una red de negocios a través del robo de identidad de personas de escasos recursos. Con esta red, movieron 33 millones de pesos que tenían efectivo y el objetivo era introducirlo al sistema bancario.
También están involucrados Álvaro Ortiz Alvarado sobrino de Ulises Ruiz, la esposa de Pérez Magaña, Gabriela López, y la familia oaxaqueña Bravo Bravo. Todos ellos formaron Grupo Inmobiliario del Papaloapan (GIPSA), compañía constructora del fraccionamiento “Los Álamos”, en la ciudad de Tuxtepec.
Ulises Ruiz es propietario del Hospital Sedna en la Ciudad de México, cuya construcción constó alrededor de mil 500 millones de pesos.
Ulises Ruiz también enfrenta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto político y social de 2006 y 2007 en Oaxaca.
Según la Comisión de la Verdad que investigó los hechos de esos años, afirma que “el gobierno de Ulises Ruiz hizo uso indebido de la fuerza pública; su administración se caracterizó por la violencia y amenazas contra las personas opuestas a sus planes económicos y políticos, la corrupción y la falta de políticas públicas para enfrentar problemas estructurales como la pobreza y desigualdad”.
