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Tan solo en la última semana, decenas de organizaciones sociales violentaron los derechos de la ciudadanía al realizar protestas a lo largo de todo el estado, principalmente en la capital
Los bloqueos carreteros que durante cuatro días consecutivos mantuvieron diversas organizaciones políticos y sociales, así como habitantes inconformes en diferentes regiones de Oaxaca, evidenciaron el fracaso de la política interna de los diferentes personajes que han estado al frente de la Secretaría General de Gobierno (Segego).
También dejó claro que la gobernabilidad pende de un hilo porque las demandas de los diversos sectores sociales del estado no se atienden o únicamente se van administrando hasta que estallan.
En los días previos a las festividades por el Día de la Independencia en Oaxaca, por ejemplo, confluyeron protestas por la falta de atención a la ejecución de obra pública y el ejercicio de programas sociales en las comunidades con mayor marginación y pobreza, la inexplicable situación de que escuelas dañadas por el sismos de septiembre de 2017 sigan sin ser restauradas pese a los millonarios recursos que se han asignado para ellos, los conflictos políticos en los municipios por la presunta malversación de recursos públicos de las autoridades municipales y hasta la incapacidad del gobierno para liberar a 10 personas retenidas por las autoridades agrarias de una comunidad sin ninguna explicación.
La ingobernabilidad y crisis política en la recta final del sexenio muestra la ineficacia de los diferentes titulares de la Segego, sobre todo, de Héctor Anuar Mafud Mafud y de Francisco Javier García López.
Ambos funcionarios han ejercido dos mil 294 millones de pesos. De este dinero público, al menos mil 62 millones se han ejercido directamente en organizaciones y actores políticos relacionados con sindicatos y conflictos religiosos, sociales, agrarios, municipales, político-electorales y obrero-patronales.
Pese a ello, Oaxaca ocupa los primeros lugares de los estados del país con mayor número de protestas sociales. El Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos que Protestan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el periodo de 2012 a 2020 se documentaron al menos mil 405 protestas en el estado. De estas movilizaciones, 53.22 por ciento fueron realizadas por organizaciones indígenas, 18.13% organizaciones campesinas y 28.65% organizaciones estudiantiles. “Apenas el 11.3% de las mil 405 protestas registradas en el periodo en Oaxaca no fueron de sindicatos, sino de organizaciones de campesinos, estudiantes e indígenas”.
Entre el 2012 y el 2020 se registraron en México 20 mil 315 protestas, de las cuales el 6.86% tuvieron lugar en Oaxaca, convirtiéndolo en el estado que ocupa el tercer lugar en número de protestas. La mayoría de ellas es por agravios locales, 69.7 por ciento. Regionalmente las protestas se distribuyen así: el 37.95% se registraron en la capital del estado, el 14.94% en Juchitán y el 3.46% en Salina Cruz. Los repertorios más usados son marchas, bloqueos y tomas de instalaciones.
Según datos de la propia Segego, de 260 organizaciones políticas, sociales y agrarias que tienen registradas, 20 son las más activas en movilizaciones o protestas. Y entre ellas, menciona al Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Antorcha Campesina, el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI). Así como la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, así como el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, la 23 de Octubre y la Unión de Bienestar Social y Lucha Triqui (Ubisort), la Asociación para el Fomento y Desarrollo de los Pueblos de Oaxaca (Afodepo), el Frente Popular Revolucionario, Consejo Indigenista de los Pueblos de Oaxaca (CIPO), Sol Rojo y la UCIZONI.
De acuerdo con la organización Comerciantes Establecidos de Oaxaca (CEO), tan sólo los bloqueos carreteros provocan pérdidas a los comerciantes del centro histórico de la capital del estado por alrededor de un millón de pesos diarios.
Y según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Oaxaca y en Chiapas se han registrado pérdidas de hasta 2 mil 700 millones de pesos, principalmente porque causan la cancelación de reservaciones a los principales destinos turísticos. Mientras que los transportistas señalan pérdidas de hasta 2 mil 500 pesos por cada camión, ya sea del transporte público de pasajeros o de materiales de construcción y paquetería. Para el sector turístico de la capital del estado, las pérdidas económicas diarias ascienden hasta 1.7 millones de pesos diarios.
A esto se suma, por ejemplo que, en 2021, la toma de la caseta de peaje de la Carretera Federal 150D Tehuacán-Oaxaca dejó pérdidas por 20 millones 485 mil pesos a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
Pero los conflictos más fuertes y de ingobernabilidad en el estado de Oaxaca se han reflejado en los conflictos entre comunidades o entre organizaciones que disputan el control político y económico de algunos municipios regiones, como la Triqui en la Mixteca de Oaxaca. Estos conflictos no sólo han dejado muerte, en muchas ocasiones con extrema violencia, sino también miles de personas desplazadas de manera forzosa.
Por ejemplo, de 2019 a 2021, en Oaxaca aproximadamente tres mil 129 personas son víctimas de desplazamiento forzado interno y según los informes de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en México (CMDPDH), durante 2017, en el estado, alrededor de dos mil 700 personas fueron desplazadas de manera forzada y 300 personas más en el año 2018.
En suma, más de seis mil 129 personas en los últimos cinco años en Oaxaca fueron obligadas o se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen con violencia, causada por conflictos agrarios, políticos o por los mismos usos y costumbres de las comunidades, entre otras.
Entre estos casos, destaca el ocurrido en tres localidades de San Esteban Atatlahuca, un municipio de la región Mixteca de Oaxaca. Por tres días, se registraron agresiones armadas en Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, que obligaron a huir a un aproximado de 400 personas.
Y de acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se deben a conflictos agrarios y límites de tierra, a conflictos político electorales, a las resoluciones de las asambleas comunitarias relacionadas con el tequio o la obligación a acatar su sistema de cargos internos, a intolerancia religiosa, a fenómenos naturales y en los últimos tres años, a conflictos relacionados con la entrega de los recursos públicos a las agencias y que reclaman a las autoridades en su cabeceras municipales.
Y frente a ello, los titulares de la política interna en Oaxaca han sido incapaces de establecer mecanismos institucionales de reacción inmediata que permitan atender de manera humanitaria, rápido y bajo un enfoque de derechos humanos; sobre todo, porque entre las personas desplazadas hay niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y con discapacidad, que de por sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad, se vuelven doblemente vulnerables cuando son obligados a dejar sus hogares y territorio que los pone en un escenario de mayor riesgo.
Tampoco existe un censo claro y preciso de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno con el cual se pueda conocer la magnitud del problema y su el nivel de atención que necesitan. Un factor que se suma, es que aunque muchos inician por conflictos agrarios, políticos o de otro tipo, con la intervención de diversos factores, se vuelven más complejos que resultan inseguridad, rompimiento del tejido social y más violencia.
