Frente a la información confusa, engañosa y sin apego a la verdad que diversos medios de comunicación y columnistas han difundido sobre el proyecto de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Ley HCTI) que propuso el Presidente López Obrador, el Conacyt emitió un comunicado para hacer diversas aclaraciones y remarcó que esta iniciativa garantiza el derecho humano a la ciencia.

El documento resalta que la Ley HCTI consolida y reivindica el carácter humanista y dialógico de la política científica y tecnológica del país, mediante propuestas vinculadas a dichas áreas que fortalecen a las comunidades, al desarrollo de capacidades y a la soberanía nacional.

Considera que al ser una propuesta de avanzada, que rompe con el paradigma que en los últimos tres sexenios permitió el uso de recursos públicos para financiar, en su mayoría, proyectos privados que simularon investigación y desarrollo tecnológico, han surgido voces motivadas por intereses económicos y políticos que buscan conservar privilegios a través de modelos poco transparentes y pseudociencia.

Destaca el texto emitido por Conacyt que la propuesta de iniciativa de Ley HCTI, que se estudia en Comisiones de la Cámara de Diputados, confirma a la ciencia como derecho fundamental y reconoce la importancia de garantizar otros derechos como la alimentación y el acceso tanto a la salud como a la información; principios que desconoce la actual Ley de Ciencia y Tecnología (CYT) vigente.

“La propuesta de Ley HCTI marca un hito al fortalecer al Conacyt como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y concretar la innovación del humanismo mexicano, reafirmando a la institución como un organismo público descentralizado y su calidad de entidad especializada, responsable de la política nacional, coordinadora del sector de HCTI y asesora del Ejecutivo federal. Es decir, el Conacyt no desaparece, como algunos medios replican sin fundamento y, aparentemenete, sin haber corroborado con el contenido de la iniciativa”, expone el comunicado..

En ese sentido, el Conacyt remarca el carácter dialógico de esta iniciativa, que se funda en la interlocución, amplia e incluyente, en la que desde 2019 han participado más de 60 mil personas e instituciones para la construcción de consensos, los cuales sirvieron como principios para la elaboración de lo que será la primera ley general.

La propuesta no limita o acota la labor científica y tecnológica

El documento aclara de manera enfática que esta iniciativa no determina lo que es o no ciencia, ni lo que puede o no hacer la comunidad científica mexicana; tampoco restringe la libertad de investigación de las personas que quieran realizar actividades en la materia financiadas con sus propios recursos. Lo que sí establece esta iniciativa es el marco para promover que las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación sean herramientas para el desarrollo integral de la nación y el bienestar del pueblo de México.

En el caso de los CPI no los convierte en organismos al servicio del gobierno, sino que armoniza su marco normativo como centros estatales financiados con recursos de todas las y los mexicanos, sin que ello conlleve generar un pensamiento único en el quehacer interno.

Se proscriben los fideicomisos

Cabe destacar que esta iniciativa prohíbe la constitución de fidecomisos y figuras análogas que, hasta 2020, generaban dependencia entre la operación del sector y el financiamiento de proyectos, mediante múltiples fondos que se manejaron con opacidad y de forma arbitraria; mismos que permitieron transferencias millonarias a grandes empresas nacionales y trasnacionales, asociaciones civiles y universidades privadas que no requerían apoyo por parte del Estado y no dieron los resultados esperados, simulando el fomento la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

En su lugar, el proyecto de iniciativa establece que las fuentes del financiamiento desde el Estado a las actividades de humanidades, ciencias, tecnología e innovación se aplicarán bajo los principios constitucionales de transparencia, austeridad republicana, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez. Además, de manera histórica, promueve que los recursos fiscales destinados al fomento de actividades del sector sean entregados directamente y sin intermediarios a las y los beneficiarios, así como a las personas investigadoras y becarias.

Finalmente, el texto invita a los medios de comunicación, personas interesadas, así como a integrantes de la comunidad humanística, científica y tecnológica, a consultar de manera directa el proyecto presentado al Congreso de la Unión, disponible en: