En Argentina, una huelga general y manifestaciones a nivel nacional marcaron una fuerte oposición al gobierno del presidente Javier Milei, conocido por sus posturas ultraderechistas y anarcocapitalistas. La protesta, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y apoyada por diversas organizaciones, se llevó a cabo en respuesta a las reformas económicas y laborales propuestas por Milei. Estas reformas, consideradas extremas por muchos, incluyen la limitación del derecho de huelga y cambios significativos en la financiación de los sindicatos.
Las políticas de Milei, que apuntan a una desregulación económica radical y a la privatización de sectores clave, han generado un amplio rechazo. Más de mil medidas propuestas por su gobierno buscan implementar un modelo de libre mercado extremo, afectando áreas como la cultura, la ciencia y la vivienda. Críticos y manifestantes expresaron su preocupación por el impacto negativo que estas medidas podrían tener en los sectores más vulnerables de la sociedad. La eliminación de regulaciones en alquileres y la reducción de fondos para la cultura y la ciencia son ejemplos de decisiones que han alimentado la desaprobación popular.
Las tensiones entre el gobierno y los sectores sindicales alcanzaron un punto crítico durante la protesta. Pablo Moyano, destacado líder sindical, advirtió de manera contundente sobre las consecuencias de continuar con las políticas económicas actuales. Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a los organizadores de la protesta, exacerbando aún más el conflicto. Este enfrentamiento entre el gobierno y los sindicatos revela una división profunda en la sociedad argentina, poniendo en evidencia los desafíos que enfrenta el gobierno de Milei en su intento por implementar su controvertida agenda económica.
