El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, podría enfrentar 82 años de cárcel por su implicación en el caso Ayotzinapa, según la Fiscalía General de la República (FGR).
La pena solicitada es debido a que se le acusa de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, cargos que se basan en un documento de la Unidad de Investigación.
La petición se iba a hacer en la audiencia programada para el miércoles 24 de enero, pero se pospuso hasta el próximo mes de abril. Ya que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Rivas González, quien lleva el caso, aceptó la petición de la defensa de seguir buscando evidencias.
Cabe recordar, que esta es la segunda vez que se retrasa el proceso judicial, ya que en septiembre de 2023, la defensa del exfuncionario pidió que no se hiciera la audiencia porque había recursos de amparo pendientes que podrían afectar al caso.
El 1 de noviembre, se supo que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte había modificado la medida cautelar, permitiendo al exfuncionario del gobierno de Peña Nieto seguir su proceso en arresto domiciliario, ya que su defensa alegó como principal prueba el estado de salud de Murillo Karam, que ha sido hospitalizado varias veces desde su arresto.
A pesar de ello, el juez José Hernández Leyva, negó el arresto domiciliario porque lo consideró una persona con alto riesgo de escapar, por la cantidad de contactos que le podrían ayudar a huir de la justicia.
La decisión del juez se basó en que el expriista tiene otro proceso en curso por actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, identificado como integrante de Guerrero Unidos y supuesto responsable de la desaparición de los normalistas.
Es por eso que el exjefe de la Procuraduría General de la República seguirá encarcelado en la Torre Médica del Penal de Tepepan, donde está bajo vigilancia médica debido a varias enfermedades como diabetes, hipertensión, bronquitis y supuesto signos de demencia.
La FGR ha denunciado que el exfuncionario disfruta de varios privilegios en su habitación, como un baño privado, una consola de videojuegos y visitas diarias de hasta tres horas, cosas que no tienen el resto de los presos.