El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción luego de que el periódico Reforma revelara que un despacho de abogados vinculado a él recibió más de 200 millones de pesos por parte de uno de los proveedores más beneficiados por el Gobierno estatal.

Según la información publicada por Reforma, el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, fundado por el propio García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, recibió 202 millones 900 mil pesos bajo el concepto de honorarios por servicios profesionales por parte de la empresa Proveedor de Productos Mexicanos Jace. Esta empresa, a su vez, facturó a su empresa hermana Suministro MYR la cantidad de 237 millones 200 mil pesos, provenientes de contratos con el Gobierno de Nuevo León por un total de 964 millones 700 mil pesos entre octubre de 2021 y noviembre de 2023.

Los pagos al despacho de abogados del Gobernador y su padre comenzaron el 15 de octubre de 2021, apenas 11 días después de que iniciara la administración de Samuel García.

En respuesta a estas acusaciones, el Gobernador negó los señalamientos y acusó a la Fiscalía General del Estado de estar manejada por «la vieja política», sugiriendo que las investigaciones sobre las empresas de su familia son parte de una estrategia para presionar, extorsionar y difamar durante el proceso electoral.

No obstante, las declaraciones patrimoniales de García de los años 2021, 2022 y 2023 confirman que tiene una participación del 50 por ciento en el despacho de abogados en cuestión, y que parte de sus ingresos provienen de esta empresa.

Este escándalo de corrupción arroja serias dudas sobre la transparencia y la integridad del Gobierno de Nuevo León, y plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y prácticas poco éticas. La ciudadanía de Nuevo León espera respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades para investigar a fondo estas acusaciones y garantizar la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos.