En una reciente auditoría realizada por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, se han descubierto prácticas corruptas en la gestión de permisos de construcción en la Alcaldía Tlalpan, durante el gobierno de Alfa González, ahora candidata. Según el informe, se construyeron dos niveles adicionales a los tres permitidos en la Calle Fuente de la Esperanza, Colonia Fuentes del Pedregal, con la manifestación de construcción número RG/TL/2677/2019, en una operación similar al modus operandi del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.
El informe, accesible al público y llevado a cabo por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías “A”, bajo el número de auditoría A-5/2023 y clave de auditoría 1-7-8-10, reveló que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de Tlalpan otorgó permisos de construcción sin cumplir con el certificado de zonificación de uso de suelo. Durante el período revisado, se autorizaron 27 manifestaciones de construcción, 11 registros de obra ejecutada y 27 licencias de construcción especial, de los cuales una muestra representativa mostró múltiples fallos en la adherencia a la normativa vigente.
El presupuesto utilizado para las edificaciones fue de $5,372,556.32 pesos para la Manifestación de Construcción número RG/TL/1679/2022, Tipo “B”, y para el Registro de Obra Ejecutada con folio de registro número 1675-5-22: $4,000.12 pesos. Esto suma un monto global sujeto a aclaración de $5,376,556.44 pesos.
La diputada Maribel Cruz Cruz, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD), hizo énfasis en las violaciones a los artículos 50, 244 y 245 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como a varios artículos del Código Fiscal y del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, afectando la transparencia y legalidad de los procedimientos administrativos. Además, trajo a colación datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) sobre la alcaldía Benito Juárez, donde se reportaron 130 obras con niveles excedentes entre 2008 y 2022.
En Benito Juárez, esta red de corrupción involucraba a funcionarios y empresarios que modificaban el uso de suelo y autorizaban la construcción de pisos adicionales, ignorando el Plan de Desarrollo Urbano. Esta práctica genera problemas urbanos, desorden en la infraestructura y una sobrecarga en los servicios públicos.
Para las denunciantes, esta situación en Tlalpan refleja un patrón de corrupción donde desarrolladores y funcionarios de la alcaldía están coludidos, facilitando la aprobación de proyectos que violan normativas a cambio de sobornos. La similitud en las prácticas corruptas entre Tlalpan y Benito Juárez sugiere una posible expansión del “Cártel Inmobiliario” a otras áreas de la Ciudad de México. Las autoridades han sido alertadas y se espera que tomen medidas inmediatas para investigar y sancionar a los involucrados en estas redes de corrupción, concluyó la legisladora.


