En Jalisco, diversos grupos de vecinos, organizaciones y políticos han denunciado durante años la estrecha relación entre las autoridades locales y estatales con empresas inmobiliarias. Esta vinculación ha tenido consecuencias preocupantes, como el despojo de territorio público y la construcción de grandes desarrollos departamentales sin consultar a la población afectada y vulnerando sus derechos.

La situación se ha agravado desde que Enrique Alfaro y Pablo Lemus asumieron el poder a nivel municipal, y se prevé que continúe bajo el gobierno de Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en la colonia Jardines de la Paz en Guadalajara, Jalisco, los vecinos llevan siete años luchando contra proyectos inmobiliarios, especialmente el condominio Gran San Rafael. Estos proyectos han afectado la zona habitada durante años, vulnerando derechos fundamentales como el acceso a la vivienda y al agua.

En Zapopan, la situación es similar. Desde 2005, los vecinos han estado combatiendo el auge inmobiliario en el Bosque Nixticuil, un área de protección hidrológica. ¿Qué tienen en común estos casos? Los gobiernos de Movimiento Ciudadano, encabezados por Enrique Alfaro y Pablo Lemus, han priorizado el crecimiento urbano desordenado en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), beneficiando principalmente a las empresas inmobiliarias.

La Diputada Federal de Morena por Jalisco, Cecilia Márquez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Pablo Lemus Navarro y tres empresas constructoras por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la edificación de torres departamentales en la colonia Providencia de Guadalajara.