En una jornada histórica, el Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso firme y patriótico al aprobar la reforma al Artículo 19 de la Constitución Política Mexicana. Con 43 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, esta reforma, enviada por el Senado de la República, representa un avance crucial en la lucha contra los delitos que amenazan la paz y el Bienestar de nuestro Pueblo.
La Diputada Xóchitl Bravo Espinosa subrayó la importancia de esta modificación como una respuesta necesaria y proporcional ante el contexto criminal que enfrenta nuestra patria. «La prisión preventiva de carácter oficioso es una medida excepcional que permite al Estado mexicano contener de manera inmediata a quienes representan un grave peligro para la sociedad», afirmó. Esta medida se fortalece para enfrentar delitos como la extorsión, la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, y las prácticas de contrabando y evasión fiscal mediante comprobantes falsos.
La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena destacó que al ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, se responde a las legítimas demandas del pueblo mexicano ante la criminalidad que lo ha lastimado. «Este tipo de prisión preventiva no es una condena, sino una medida cautelar que se aplica cuando la fiscalía presenta pruebas suficientes«, explicó, citando a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde la tribuna, la Diputada Yuriri Ayala defendió la reforma como una medida para evitar que los supuestos culpables evadan la justicia. Criticó a los legisladores del PAN por oponerse a la reforma, recordando que la prisión preventiva oficiosa fue iniciada por Acción Nacional durante el sexenio de Felipe Calderón.
En apoyo a la reforma, también subieron a tribuna los Diputados Adriana Espinosa de los Monteros, Erika Rosales, Manuel Talayero, Jannete Guerrero, Rebeca Peralta, Brenda Ruiz, Pablo Trejo, César Guijosa, Silvia Sánchez Barrios y Alberto Martínez Urincho, quienes coincidieron en la necesidad de esta medida para proteger la vida, la salud pública y el orden social de nuestra Nación.
