La administración del gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encuentra nuevamente bajo severas críticas de colectivos ciudadanos tras imponer un aumento en las tarifas del transporte público y la obligatoriedad del pago electrónico. Estas medidas, que muchos consideran un agravio directo a los derechos de los usuarios, han generado un fuerte rechazo entre la población, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Organizaciones como la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros han denunciado que los pasajeros que no cuentan con una tarjeta de prepago están siendo obligados a bajar de las unidades de transporte, lo que califican como una violación al derecho humano de pagar en efectivo. Jaime Noyola Cedillo, vocero de la organización, expresó que esta medida resulta inaceptable y advirtió que recurrirán a amparos y manifestaciones para exigir la reversión del tarifazo y el sistema de prepago.
La indignación aumentó cuando la activista Elida Sandate Tovar denunció haber sido agredida físicamente por personal de la Secretaría de Movilidad del Estado, luego de confrontar a funcionarios sobre las nuevas tarifas. La activista presentó denuncias por abuso de autoridad, lo que ha sumado más presión sobre el gobierno estatal.
Estas decisiones, que Samuel García ha justificado como un esfuerzo por modernizar el sistema de transporte, son percibidas por muchos como una desconexión total con las necesidades de la ciudadanía. Al ignorar los derechos de los usuarios más vulnerables, la administración de García parece alejarse cada vez más de las preocupaciones y demandas de la población, que ahora se organiza para protestar contra estas políticas, las cuales consideran perjudiciales y exclusivas para un sector privilegiado de la sociedad.
