La Transformación del sistema judicial ya ha comenzado con una decisión trascendental. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó recientemente que el Senado de la República sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Esta medida ha encendido un debate significativo, desplazando a la élite que mantenía el control sobre el Poder Judicial, una élite representada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
Esta determinación fue tomada después de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial se negara a reanudar el proceso de selección de candidaturas judiciales, desobedeciendo una orden previa del tribunal especializado. La Magistrada Presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto, propuso que el Senado absorba las funciones del Comité y realice el proceso de insaculación, seleccionando así a las candidaturas.
Por su parte, la SCJN, encabezada por Norma Piña, emitió una medida cautelar para evitar cualquier acción legal contra los integrantes del Comité de Evaluación, argumentando que la orden del TEPJF podría estar al margen de la Constitución. Esta controversia ha posicionado a las máximas autoridades judiciales en una tensa confrontación, poniendo en riesgo el calendario electoral y aumentando la presión sobre el Senado para cumplir con la resolución del TEPJF.
De manera inequívoca, esta decisión marca el inicio de una Transformación profunda en la estructura del Poder Judicial. La intervención del Senado en el proceso de selección de jueces simboliza un cambio de poder, desplazando a las figuras que habían mantenido su control sobre el sistema durante años. En este contexto, se plantea la necesidad de modernizar y democratizar las instituciones judiciales.
