El 6 de junio de 2025, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su informe preliminar sobre la elección extraordinaria del Poder Judicial en México. Aunque reconoce que el proceso se llevó a cabo en paz y con legalidad, el documento introduce cuestionamientos que han sido interpretados como intentos por socavar la legitimidad de una reforma respaldada constitucionalmente y avalada en las urnas.

Un reconocimiento con reservas

La Misión, encabezada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, reconoce que la jornada del 1 de junio transcurrió en un ambiente de tranquilidad, y destaca el trabajo del INE, los funcionarios de casilla y los comités distritales. Sin embargo, estas menciones se ven rápidamente opacadas por una narrativa crítica que pone en duda tanto el diseño institucional como los resultados del proceso.

Participación ciudadana como argumento de descalificación

El informe destaca que la participación ciudadana fue de apenas 13%, una cifra baja en comparación con procesos federales ordinarios. Esta cifra es utilizada por la OEA como punto de partida para cuestionar la legitimidad del proceso, sin considerar que se trató de un ejercicio sin precedentes en la historia democrática del país, ni que el modelo aún se encuentra en una fase de adaptación institucional.

Críticas a una reforma constitucional aprobada legalmente

La reforma judicial fue aprobada en 2024 por mayoría calificada en el Congreso y ratificada por más de la mitad de los congresos estatales. Aun así, el informe califica su adopción como “apresurada” y “sin debate suficiente”. Este señalamiento omite que la elección de jueces por voto popular fue una propuesta incluida expresamente en el programa de gobierno votado por la ciudadanía en la elección presidencial. La OEA parece desestimar ese mandato democrático.

Criterios dispares y juicio de valor

El informe subraya la falta de criterios homogéneos en la evaluación de las candidaturas. Cuestiona que algunos comités aplicaron filtros técnicos y otros no, lo cual, según la OEA, afectó la idoneidad de los perfiles. Sin embargo, el documento no aporta evidencia clara de que los candidatos electos carezcan de preparación jurídica ni reconoce que este proceso permitió abrir el Poder Judicial a perfiles tradicionalmente excluidos.

Acusaciones indirectas sin fundamento

Uno de los señalamientos más delicados del informe es que seis de los nueve ministros electos fueron postulados por el Comité del Poder Ejecutivo y que algunos aparecieron en listas de votación distribuidas entre ciudadanos. Sin ofrecer pruebas concluyentes, la OEA sugiere que esto podría comprometer la autonomía del nuevo máximo tribunal. Tales afirmaciones, en un contexto regional marcado por intervenciones previas de la OEA en procesos democráticos, despiertan suspicacias legítimas.

Recomendaciones que implican una postura política

Entre sus recomendaciones, la Misión propone regresar a modelos más técnicos de selección judicial y restringir el carácter electivo del proceso. Aunque se presentan como sugerencias institucionales, estas recomendaciones reflejan una postura contraria a la reforma aprobada por el Congreso y respaldada en las urnas. La OEA no oculta su incomodidad con el principio de elección popular en el ámbito judicial.

Conclusión

Aunque el informe de la OEA se presenta como una evaluación técnica, su contenido introduce elementos que, en los hechos, buscan restar legitimidad a un ejercicio democrático inédito. México eligió abrir su sistema judicial a la ciudadanía mediante voto directo. El proceso fue legal, supervisado, y validado por las autoridades competentes.