Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar los mecanismos de combate al lavado de dinero. La iniciativa, impulsada por el morenista Javier Corral, busca además atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año evaluará a México en la materia.

Las modificaciones incluyen la incorporación de nuevas actividades vulnerables, como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, así como la obligación de identificar al beneficiario controlador de operaciones financieras. También se añade el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), figura que generó diversas críticas por su supuesta ambigüedad.

El dictamen fue aprobado con el respaldo de Morena y sus aliados, mientras que el PRI votó en contra junto con algunos legisladores del PAN. Movimiento Ciudadano y una parte de la bancada panista, incluido su coordinador Ricardo Anaya, se abstuvieron. Ahora el documento será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

Durante la discusión, se introdujo una reserva propuesta por la senadora morenista Lucía Trasviña para eliminar toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que dicho delito ya está tipificado en el Código Penal Federal y contemplado en tratados internacionales firmados por México. Según explicó, su inclusión resultaba innecesaria y podría generar conflictos legales.

A su vez, Javier Corral defendió que las reformas tienen un carácter preventivo y administrativo, no penal, y no otorgan nuevas facultades al Ministerio Público ni a la Guardia Nacional.

Finalmente, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) sostuvo que identificar a las Personas Políticamente Expuestas es una medida necesaria para evitar el uso del sistema financiero con fines ilícitos, particularmente por parte de redes de corrupción y delincuencia organizada. Aseguró que la reforma no representa un exceso, sino un paso firme hacia la transparencia y la rendición de cuentas.