La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, firmó una iniciativa de reforma al Código Penal con el objetivo de sancionar con mayor severidad la instalación y uso de cámaras de videovigilancia con fines delictivos, conocida como práctica de halconeo. La propuesta será enviada al Congreso del Estado para su análisis y discusión.

Marina destacó que, en lo que va de su administración, se han retirado más de mil 600 cámaras parásitas utilizadas por grupos criminales, la mayoría durante este año.

“Con esta reforma estamos dando un paso firme para proteger la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, cerrando espacios a la delincuencia y reforzando la confianza en nuestras instituciones”, señaló la Mandataria.

Penas más severas

La iniciativa plantea sanciones de tres a ocho años de prisión, multas de 200 a 400 UMAs, y la reparación del daño para quienes manipulen cámaras oficiales o instalen sistemas ilegales en la vía pública.

Asimismo, se contemplan penas agravadas en casos donde participen servidores públicos, equipos especializados de comunicación o cuando se utilicen a niñas, niños o adolescentes en la comisión de estos delitos.

Enfoque en seguridad, no en ciudadanía

El consejero jurídico Juan José Pon Méndez explicó que la propuesta de reforma al artículo 317 TER del Código Penal busca castigar a quienes obtengan y compartan información sensible de las autoridades con el propósito de cometer, planear o encubrir delitos.

Finalmente, se aclaró que la reforma no afecta a quienes instalen cámaras en sus hogares, ni a periodistas, investigadores o ciudadanos que ejerzan su derecho a la información y participación social.