En México la Transformación no solo se mide en obras o discursos: se palpa en la vida cotidiana del Pueblo. Hoy nuestro país ya controla sus recursos energéticos, produce lo que consume y, gracias a ello, puede decidir soberanamente el rumbo de su economía y el bienestar de su gente. Eso es lo que los neoliberales nunca quisieron: un México que mande sobre su energía y no un país entregado a intereses extranjeros.

Las cifras lo confirman. Según la ENIGH 2024, más de 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza en los últimos seis años. Nunca antes se había visto una reducción de esa magnitud en la historia reciente. Y dentro de esta hazaña hay un dato clave que refleja cómo la justicia social también pasa por la energía: la pobreza energética se redujo en 37.5%.

Hoy, 184 mil personas más cuentan con electricidad en sus hogares. Para las élites esto puede sonar trivial, pero para una familia de las zonas más apartadas del país significa poder refrigerar alimentos, estudiar de noche, tener un ventilador en el calor, o acceder a información. En pocas palabras: vivir con dignidad.

El secreto está en la combinación: salarios mínimos al alza y precios estables de la energía. Porque cuando el ingreso familiar crece y la luz no sube, el dinero rinde más y la calidad de vida se multiplica. Ese es el modelo humanista de la Cuarta Transformación: justicia económica y justicia energética caminando juntas.

Por eso, cuando hablamos de soberanía energética, no hablamos de un concepto abstracto, sino de algo concreto que impacta la vida del pueblo. Luz y combustibles no son simples mercancías: son bienes estratégicos que determinan si un país avanza o se hunde.

Hoy, bajo el segundo piso de la Transformación encabezado por Claudia Sheinbaum, las empresas del Estado —Pemex y CFE— cumplen un papel insustituible. Gracias a la rectoría estatal, se mantienen políticas de precios justos que protegen el bolsillo de las familias, algo que jamás hubiera sucedido bajo la lógica del mercado.

La derecha neoliberal siempre dijo que la intervención del Estado era un estorbo. La realidad demostró lo contrario: solo con un Estado fuerte y soberano es posible que la energía llegue a todos, en especial a quienes fueron olvidados durante décadas.

México dejó de producir pobres para empezar a producir justicia. Y en esa ecuación, la energía es un derecho, no un privilegio. La Cuarta Transformación lo entendió y lo está cumpliendo.