El gobierno de Javier Milei vuelve a mostrar su rostro más autoritario. Esta vez, la Justicia argentina aceptó un pedido del Ejecutivo para frenar la difusión de audios de Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia. La resolución, que prohíbe a cualquier medio, periodista o plataforma reproducir las grabaciones, constituye un hecho gravísimo: un intento abierto de censura previa, incompatible con la democracia.
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El portavoz presidencial, Manuel Adorni, celebró la medida afirmando que se trataba de una “violación a la privacidad institucional” y no de un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos: el Gobierno consiguió un bozal legal para impedir la circulación de información que incomoda a la cúpula libertaria. Lo que se esconde detrás de esta maniobra es el temor a que los audios —relacionados con posibles esquemas de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la participación de Karina Milei en la interna del oficialismo— sigan saliendo a la luz.
La medida, además, ocurre en el marco de allanamientos ordenados contra periodistas y medios que difundieron las filtraciones, como Jorge Rial, Mauro Federico o el canal de streaming “Carnaval”. Este nivel de persecución contra la prensa desnuda lo que muchos ya anticipaban: Milei gobierna como si Argentina fuera un feudo personal, usando la Justicia para blindarse y criminalizando a quienes investigan.
¿De qué van los audios?
El trasfondo es aún más inquietante. Karina Milei, señalada como operadora clave en el esquema de coimas con la droguería Suizo Argentina, aparece ahora protegida por un fallo exprés que pone a la Casa Rosada por encima del derecho a informar. Mientras tanto, se multiplican las denuncias penales contra Milei, su hermana y colaboradores cercanos, que la Justicia intenta acallar con medidas cautelares.
En cualquier democracia real, la filtración de audios vinculados a posibles delitos de corrupción merece transparencia, investigación y rendición de cuentas. En el régimen mileísta, en cambio, la respuesta es silenciar, perseguir y censurar. Cada nuevo episodio confirma que la autodenominada “libertad” libertaria no es más que un eslogan vacío: el gobierno de Milei se comporta cada día más como una dictadura en construcción, donde la mordaza sustituye al debate público y la represión a la rendición de cuentas.
