Durante la extinción de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, la administración de Felipe Calderón otorgó pensiones millonarias a 1,646 trabajadores de confianza, mientras más de 44 mil empleados sindicalizados fueron dejados sin empleo. Entre los beneficiados, 29 recibían entre medio millón y un millón de pesos al mes, recursos que salían del erario nacional a través del INDEP.
El caso más extremo es el de Jorge Evodio Chapa de la Torre, quien percibe más de 12 millones de pesos anuales, es decir, más de un millón mensual. Otros beneficiarios recibían montos similares, como Óscar Enrique Luce González (casi 12 millones al año) y Gustavo Adolfo Marrón Peña (11 millones anuales). La base de datos del INDEP revela que la mayoría de las pensiones más altas se concentraron en personal de confianza, mientras que otros trabajadores con años de servicio no recibieron ningún apoyo.
Ante esta situación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso una reforma constitucional para prohibir pensiones millonarias a costa del erario, garantizando que los recursos se destinen a pensiones justas y equitativas, sin afectar derechos laborales. Sheinbaum señaló que la extinción de LyFC fue autoritaria e injusta, y que los pagos desproporcionados son un reflejo del dispendio y la corrupción de administraciones anteriores.
La Secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, explicó que entre los pensionados destacan 14 mil extrabajadores que aún reciben pagos por 28 mil millones de pesos, y que algunos perciben más que el sueldo de la presidenta, mientras que la mayoría del pueblo mexicano recibe pensiones promedio de apenas 7 mil pesos al mes.
