El 7 de marzo de 2020 entró en vigor una reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe las condonaciones y las exenciones de impuestos, así como cualquier negociación con recursos del Pueblo.
El texto constitucional establece:
“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes”.
En 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto comprometiéndose a no otorgar condonaciones ni exenciones a grandes contribuyentes ni deudores fiscales, intentando contrarrestar los mecanismos que permitieron privilegios fiscales en sexenios anteriores.
Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó al Grupo Salinas, que había dicho evaluar demandas en México y en Estados Unidos por difamación. Sheinbaum respondió que estas acusaciones “más allá de las deudas” corresponden a una estrategia mediática diaria hecha desde su televisora o redes sociales.
Se ha señalado que, desde la administración de Vicente Fox en adelante, se otorgaron condonaciones fiscales por más de 400 mil millones de pesos. De ese monto, el 54 % (aproximadamente 213 mil millones) se concentraron en solo 108 personas morales.
Con la reforma de 2020, México dejó claro que todos los contribuyentes deben estar sujetos a las mismas reglas fiscales, sin privilegios ni negociaciones especiales. La Carta Magna impone una barrera legal para que sean simplemente los legisladores, bajo los términos de la ley, quienes puedan definir exenciones si así lo desean, pero no negociarse caso por caso con recursos del Pueblo.
