En una medida que ha sido catalogada como un retroceso autoritario, el presidente Nayib Bukele prohibió el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas de El Salvador, así como en documentos y comunicaciones del Ministerio de Educación.

La decisión, anunciada el 2 de octubre, veta expresiones como “amigue”, “compañere”, “niñe” y hasta fórmulas como “todos y todas” o “nosotrxs”, tachadas por el gobierno como “deformaciones lingüísticas”.

La orden fue oficializada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, capitana del Ejército, quien justificó la medida alegando que busca “proteger a la niñez de injerencias ideológicas” y “garantizar el buen uso del idioma”. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde una política de censura que borra cualquier reconocimiento a la diversidad de género en las aulas salvadoreñas.

Con este decreto, el gobierno de Bukele extiende su control sobre el ámbito educativo, restringiendo no solo materiales y libros de texto, sino también oficios administrativos, circulares y toda comunicación institucional. El mensaje es claro: en El Salvador no hay espacio para la inclusión lingüística ni para la libertad de expresión de estudiantes y docentes.

Desde su llegada al Ministerio en agosto, Trigueros ha aplicado reglas de disciplina militar en las escuelas: uniformes impecables, cortes de cabello obligatorios y saludos regimentados a los docentes. Ahora, la prohibición del lenguaje inclusivo se suma como una medida que consolida la visión de un sistema educativo rígido, homogéneo y vigilado, más cercano al adoctrinamiento que a la formación integral.

Mientras el gobierno celebra lo que llama “orden y claridad”, organizaciones sociales y voces críticas advierten que esta decisión representa un golpe contra la diversidad, la inclusión y los derechos humanos. En lugar de abrir espacios para reconocer identidades, Bukele opta por cerrar el lenguaje mismo, silenciando a quienes no encajan en sus moldes tradicionales.