Marcelo Augusto Xavier da Silva, ex jefe de la oficina indígena durante la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, fue condenado a diez años de prisión por presionar e intimidar a trabajadores de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). La sentencia fue dictada por un tribunal en el estado de Amazonas.

El tribunal determinó que Da Silva hostigó y presionó a funcionarios de la Funai para que aprobaran licitaciones de obras que habrían de cruzar territorio protegido de la comunidad Waimiri Atroari, violando la normativa que protege los derechos de estas comunidades. Además, acosó a grupos de defensa indígena que intentaban proteger sus territorios.

Según la sentencia, Da Silva incluso solicitó a la Policía Federal abrir investigaciones contra funcionarios de la Funai con la intención de tomar represalias y forzar a sus subordinados a avanzar en el proceso de licitación, desconociendo formalidades administrativas y notas técnicas.

El tribunal también rechazó las acusaciones que los funcionarios de la Funai enfrentaban, calificándolas como infundadas y políticamente instrumentadas, descartando cualquier responsabilidad sobre ellos en los hechos.

Esta condena representa un hito en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Brasil, y subraya la responsabilidad de los funcionarios públicos que intentan presionar o coartar la autonomía de estas comunidades para favorecer intereses particulares.