Un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión en contra del exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de mantener presuntos nexos con el Cártel del Golfo.

La FGR sustentó su imputación en los testimonios de cinco testigos protegidos, entre ellos un informante de la DEA, quienes señalaron que la organización criminal financió la campaña de Yarrington para la gubernatura en 1998 y respaldó su administración. Según uno de los testimonios, se realizaron entregas de efectivo por un millón de dólares durante actos políticos en Reynosa y pagos periódicos entre junio y octubre de ese año. La defensa del exmandatario cuestionó la veracidad de estos señalamientos, argumentando falta de precisión en montos, fechas y lugares.

El 16 de abril, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas dictó auto de formal prisión por delitos contra la salud, en la modalidad de colaboración para facilitar estas conductas ilícitas. Tras la impugnación de la defensa, el Tribunal de Alzada ratificó que no existe causa que excluya el delito, enfatizando que Yarrington tenía capacidad de actuar conforme a la ley y no lo hizo.

Yarrington fue deportado desde Estados Unidos a México el 9 de abril de 2025, a través del cruce fronterizo de Tijuana, Baja California, y trasladado posteriormente vía aérea a Toluca antes de ingresar al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanece recluido.

Con esta resolución, continúa vigente el proceso en su contra por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras la FGR mantiene abiertas las investigaciones sobre su presunta vinculación con el Cártel del Golfo.