Durante su primer mandato, Donald Trump evaluó acciones militares directas contra México, argumentando que el país era responsable del narcotráfico hacia Estados Unidos. Según las memorias del exsecretario de Defensa Mark Esper, Trump incluso preguntó si podía “lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas” de manera discreta, asegurando que “nadie sabría que fuimos nosotros” (Blitzer, The New Yorker). Sin embargo, la firme oposición del Departamento de Defensa detuvo estas propuestas, considerando que México era un aliado estratégico y socio comercial crucial.
En contraste, Venezuela se convirtió en el foco de las operaciones estadounidenses. Desde septiembre, la Administración Trump atacó siete barcos frente a la costa venezolana, alegando que transportaban drogas hacia EE. UU., y causando al menos 32 muertes. Estos ataques fueron justificados como “autodefensa nacional”, a pesar de que el fentanilo no proviene de Venezuela y la Guardia Costera estadounidense carece de antecedentes de incautaciones en el Caribe (Blitzer, The New Yorker; Reuters). Además, el Departamento de Defensa trasladó cerca de 10 mil soldados a la región y desplegó ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe (Blitzer, The New Yorker; The Times).
Expertos en derecho y exfuncionarios consultados por Blitzer advierten que las acciones de Trump podrían exceder los límites del derecho nacional e internacional. A inicios de 2023, Trump buscaba actuar con mayor intensidad, lo que generaba riesgos de consecuencias graves en México y otros países de la región (The New Yorker). Fuentes indican que la actual Administración logró contener los ataques directos contra México, mientras que Venezuela ofrecía “una válvula de escape” para el enfoque más agresivo, con negociaciones discretas entre enviados estadounidenses y el gobierno de Maduro (Blitzer, The New Yorker).
El cambio de estrategia también estuvo influido por la política interna: legisladores republicanos y exfuncionarios como Marco Rubio y Stephen Miller promovieron acciones militares más agresivas en Venezuela para expandir el poder presidencial y reforzar la narrativa de que los inmigrantes y cárteles representaban “enemigos extranjeros” (Blitzer, The New Yorker). Mientras tanto, la diplomacia estadounidense logró avances discretos: Venezuela aceptó deportados de EE. UU. y se flexibilizaron algunas restricciones a exportaciones petroleras (Blitzer, The New Yorker).
Finalmente, aunque Trump contempló en su primer mandato ataques directos contra México, la administración estadounidense centró sus esfuerzos en Venezuela, donde los riesgos percibidos eran menores y el impacto político más estratégico. Expertos y exfuncionarios consideran que estas decisiones reflejan un uso deliberado de la fuerza para reforzar la narrativa interna y la influencia regional, más que una verdadera misión antinarcóticos (Blitzer, The New Yorker; The Times; Reuters).
