La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el proyecto fue avalado sin modificaciones y será discutido este miércoles en el pleno de San Lázaro. La propuesta busca homologar el delito de extorsión a nivel nacional, endurecer las penas y garantizar que se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia previa.

El dictamen propone penas de 6 a 15 años de prisión y multas de hasta 500 UMAs (unos 50 mil pesos) para quien obligue a otro a dar, hacer o tolerar algo con fines de lucro o daño. En casos agravados —como el cobro de piso contra mujeres embarazadas, adultos mayores, menores o migrantes, o cuando participen servidores públicos— las sanciones podrían alcanzar hasta 25 años de cárcel.

La Ley también establece que los responsables no podrán acceder a beneficios penitenciarios, salvo si colaboran con la justicia. Además, se permitirán denuncias anónimas, lo que fortalecerá las investigaciones en delitos donde las víctimas suelen temer represalias.

Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas en materia de seguridad y justicia impulsado por el gobierno de Sheinbaum, enfocado en atacar los delitos de alto impacto desde la raíz y proteger a quienes más sufren los abusos del crimen organizado.