Ciudad de México a 14 noviembre, 2025, 20: 52 hora del centro.
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Delfina Gómez combate el huachicol de agua en el Estado de México

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha un operativo sin precedentes para frenar la extracción y venta ilegal de agua, conocido como “huachicol de agua”, asegurando que su administración mantendrá diálogo abierto con los trabajadores del sector, pero con estricto apego a la ley.

“No es una cacería, no es querer afectar a quien da trabajo”, subrayó Gómez Álvarez al referirse a la Operación Caudal, estrategia implementada desde el 17 de octubre en 48 municipios mexiquenses.

Los resultados de estos operativos son contundentes: 189 inmuebles clausurados, entre ellos 51 pozos y 138 tomas clandestinas, así como el aseguramiento de 322 pipas utilizadas para la venta ilegal del agua.

Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) revelaron que las redes de extracción ilícita operaban bajo falsas fachadas sindicales o sociales, vinculadas a agrupaciones como USON, ACME, Los 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza. Estas organizaciones imponían tarifas abusivas y controlaban la distribución del agua, afectando directamente a la población.

La legislación mexiquense establece multas de hasta 22 mil pesos y penas de hasta seis años de cárcel para quienes participen en la extracción y venta ilegal del recurso. Quienes sustraigan agua sin permiso pueden enfrentar hasta tres años de prisión y sanciones económicas superiores a 11 mil pesos, protegiendo así el acceso equitativo al agua.

Delfina Gómez enfatizó que su gobierno no busca criminalizar a los trabajadores, sino garantizar la operación legal y transparente del sistema hídrico. Para ello, ya se llevan a cabo mesas de trabajo interinstitucionales con autoridades municipales, la Fiscalía estatal, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y CONAGUA, con el objetivo de regularizar permisos y concesiones.

Con esta estrategia, el Gobierno del Estado de México marca un precedente en la gestión responsable del agua, privilegiando el diálogo, la legalidad y el derecho ciudadano a un acceso seguro y sustentable de este recurso vital.

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