El Senado de la República avanza en la revisión de la legislación sobre abuso sexual, con el objetivo de homologar los códigos penales de las entidades federativas y establecer sanciones más severas. Aunque el delito está tipificado en el Código Penal Federal (CPF), existen estados donde ni siquiera se considera ilícito, y en otros, las penas varían de manera considerable. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, destacó que la meta es lograr que el abuso sexual sea reconocido como delito grave en todo el país, siguiendo el Plan Integral contra el Abuso Sexual impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Según el CPF, el abuso sexual se castiga con penas de seis a diez años de prisión y se define como los “tocamientos que impliquen actos explícitamente sexuales y que obliguen a la víctima a representarlos”. El código también contempla agravantes, como el uso de violencia física o cuando la víctima sea menor de edad o incapaz de resistir. Micher subrayó la importancia de distinguir entre abuso y acoso sexual, señalando que el primero puede ocurrir en cualquier ámbito —familiar, laboral o público—, mientras que el acoso implica la solicitud de favores sexuales y, en casos laborales, se convierte en hostigamiento sexual.
Por ahora, el Senado enfocará sus esfuerzos en combatir el abuso sexual, una problemática que —según Micher— enfrentan de forma cotidiana millones de mujeres en el país. La legisladora subrayó que este trabajo legislativo responde al llamado de la Presidenta Sheinbaum para fortalecer el marco jurídico que proteja a las víctimas y elimine la impunidad.
Paralelamente, la activista Olimpia Coral Melo se reunió con la Comisión para la Igualdad de Género para proponer una actualización de la Ley Olimpia, que penaliza la difusión no consentida de imágenes íntimas. Su propuesta busca ampliar el delito para incluir no solo la publicación, sino también el almacenamiento de este tipo de contenido, además de reconocer el derecho a la identidad virtual de las mujeres. Coral Melo planteó la creación de una Agencia Especializada en Delitos contra la Intimidad Sexual, con presencia nacional, para que las víctimas no deban peregrinar entre instituciones. También insistió en que las plataformas digitales deben asumir responsabilidad y entregar pruebas cuando se denuncien estos delitos, dejando de evadir su papel frente a la violencia que ocurre en sus espacios.
