La crisis entre México y Perú alcanzó un nuevo punto de tensión luego de que el gobierno del presidente de transición José Jerí ordenara la expulsión de la embajadora mexicana Karla Ornelas, encargada de negocios en Lima. La medida, anunciada el pasado 9 de noviembre, fue interpretada por analistas como una escalada autoritaria y un intento de desviar la atención de la inestabilidad política interna del país andino.
De acuerdo con medios peruanos, la decisión responde al asilo político concedido por México a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, acusada en Perú de rebelión y conspiración tras el intento de autogolpe de 2022. Sin embargo, el gobierno mexicano ha defendido su postura, argumentando que el derecho de asilo es una práctica humanitaria y un principio histórico de la política exterior mexicana.
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El gobierno de José Jerí expulsó a la embajadora mexicana Karla Ornelas, tras el asilo otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez.
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— El Soberano (@ElSoberanoMX) November 10, 2025
El canciller peruano Hugo De Zela justificó la expulsión al señalar que el asilo constituía una “intervención política” en asuntos internos. No obstante, la medida ha sido vista por observadores internacionales como una reacción desproporcionada que rompe los puentes diplomáticos y profundiza el aislamiento del régimen peruano.
Pese a la expulsión, el gobierno de Lima informó que las funciones consulares mexicanas continuarán operando en el país, conforme a los acuerdos establecidos por el Convenio de Viena. Desde la Cancillería mexicana, se ha reiterado el llamado al diálogo y al respeto mutuo entre naciones latinoamericanas.
Con esta decisión, Perú vuelve a colocarse en el centro de la controversia regional, mientras México reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la tradición diplomática del asilo político.
