El cantante Natanael Cano volvió a protagonizar polémica tras arremeter contra el Gobierno de México luego de que su colega Junior H fuera investigado en Jalisco por cantar “El Azul”, tema dedicado al narcotraficante Juan José Esparragoza, alias El Azul. La Fiscalía de ese estado abrió una carpeta por apología del delito, tal como establece la legislación local.

Pero Cano, lejos de entender que se trata de un proceso estatal —y no una acción del gobierno federal— estalló en redes sociales contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándolo de “ridículo” y de querer “decirles qué cantar”.

Un berrinche mal informado

En sus historias de Instagram, Cano afirmó:

“Qué gobierno tan ridículo el de mi país, qué vergüenza. Todo por cantar música”.

Luego insinuó un supuesto camino hacia la “represión”:

“Primero que nos digan qué cantar, luego qué vestir, qué escuchar… así empiezan”.

El problema: nada de lo que denuncia es real.
La investigación contra Junior H proviene exclusivamente del Gobierno de Jalisco, estado gobernado por Movimiento Ciudadano, no de la Federación.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en rechazar prohibiciones y, por el contrario, ha impulsado alternativas culturales como México Canta, para promover música que no glorifique la violencia pero sin censura.

El contraste: Sheinbaum impulsa educación, no censura

Mientras Natanael Cano intenta posicionar un discurso de “represión”, la postura del gobierno federal ha sido exactamente la contraria:

• No prohibir corridos tumbados.

• Promover conciencia y educación, no castigo.

• Impulsar variantes del género que no repliquen discursos de violencia o narco-cultura.

El discurso de Natanael Cano no solo es impreciso: es útil para quienes buscan atribuir al gobierno federal decisiones que corresponden a autoridades estatales.

Incluso su comentario sobre “impuestos” y “predial” vuelve a exhibir su falta de información:

• El predial no depende del gobierno federal, sino de los municipios.

• Los impuestos no tienen relación alguna con el caso de Junior H.

Cano intenta vender su molestia como una defensa de la “libertad artística”, pero su ataque carece de sustento legal o factual.
Lo que sí deja claro es su incapacidad —o falta de interés— por entender la diferencia entre una investigación estatal y una acción federal.