Aunque el proyecto nacional de la Cuarta Transformación mantiene respaldo mayoritario, una parte del descontento ciudadano proviene de los gobiernos estatales y municipales que continúan reproduciendo viejas prácticas de corrupción, falta de transparencia y dispendio, señala un análisis de Armando Samaniego, publicado en El Heraldo de México.
De acuerdo con la reflexión, las molestias no se originan en las políticas impulsadas desde el gobierno federal, sino en las inercias que persisten en lo local. Según datos del INEGI citados en la columna, más de una de cada diez personas que tuvo contacto con alguna autoridad reportó haber vivido un acto de corrupción, principalmente en trámites municipales y servicios básicos.
El texto advierte que estas prácticas —desde licitaciones opacas hasta obras entregadas a medias— erosionan directamente la confianza en el proyecto de transformación, pues es en el ámbito cercano donde la ciudadanía evalúa si el cambio se materializa.
También se destaca la permanencia de signos de frivolidad y uso ineficiente de recursos en algunos gobiernos estatales y municipales, en contraste con la política de austeridad promovida por la federación. Entre los ejemplos citados se encuentran vehículos de lujo, oficinas rentadas sin justificación y gastos de comunicación que superan la inversión en servicios públicos esenciales.
Otro de los señalamientos apunta a la persistente opacidad en varios municipios y estados, donde se retrasan respuestas a solicitudes de información o se ocultan datos sobre contratos, compras y nóminas. Ello, según el análisis, debilita la lucha anticorrupción y deja incompleta la rendición de cuentas.
La columna sostiene que este rezago local ha generado un desencanto que no debe interpretarse como rechazo al rumbo nacional, sino como una demanda clara: que la transformación también alcance la vida cotidiana, desde la atención ciudadana hasta la prestación de servicios básicos.
Finalmente, el texto subraya que, si la 4T desea consolidarse, los gobiernos locales deberán alinearse a los principios del proyecto federal y estar a la altura del liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, dejando atrás prácticas como el amiguismo, el nepotismo y cualquier relación con actores de procedencia dudosa. Según el análisis, la coyuntura internacional obliga a que la clase política actúe con mayor responsabilidad y ética pública.




