Las autoridades peruanas incrementaron este viernes la presencia policial alrededor de la embajada de México en Lima, donde permanece asilada la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de que un juez ordenó prisión preventiva en su contra por el presunto delito de rebelión.

Medios locales documentaron el aumento de agentes en los accesos a la sede diplomática, en medio del clima de tensión entre ambos gobiernos. El Poder Judicial emitió una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva, al considerar que Chávez participó en el intento de golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

El juez Juan Carlos Checkley sostuvo que existe un “peligro palpable” de fuga y riesgo de “frustración” del juicio oral. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la medida cautelar corresponde a los delitos de rebelión o, de manera alternativa, conspiración, en agravio del Estado.

La crisis diplomática escaló tras la ruptura de relaciones por parte del gobierno peruano, que acusa a México —y a la presidenta Claudia Sheinbaum— de injerencia por otorgar asilo a la ex funcionaria.

SRE: Perú garantiza inmunidad diplomática

Pese al refuerzo policial, el jefe de la policía peruana, Óscar Arriola, aseguró que se respetará plenamente el marco legal del asilo y descartó cualquier incursión en la residencia mexicana.

“Respetamos el derecho de asilo o refugio… cumplimos las normas establecidas en los estándares internacionales”, declaró.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó más tarde que Perú se comprometió a garantizar la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos mexicanos, sus bienes y archivos, conforme a las convenciones de Viena de 1961 y 1963.

México reiteró además su solicitud de salvoconducto para Chávez, respaldado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), que obliga a los Estados a permitir el traslado seguro de personas asiladas.

Betssy Chávez, de 36 años, lleva 18 días en la residencia diplomática mexicana y enfrenta una posible pena de hasta 25 años de prisión. Continúa a la espera de la autorización que le permita abandonar el territorio peruano.